Ceguera empresarial
Un terrible problema que padece el sector empresarial formal —aquel que reúne a un 30 % de los más de 2,8 millones de empresas del Perú, contribuye con 70 % del PBI y genera empleo para casi 6 millones de peruanos— es invisibilizar en su narrativa a un mayoritario sector informal-ilegal que tiene, hace décadas, el control de gran parte del aparato gubernamental.
Su mayor tragedia es negar una realidad que existe hace años, relatando como “riesgos futuros” lo que ya es una nueva normalidad país. Lo que para intelectuales, opinólogos y tecnócratas sería una anomia en formación, para la mayoría de peruanos es la cruda realidad. Su día a día.
Lo cierto es que esta fuerza laboral y emprendedora que reúne a más de 12 millones de peruanos, llamados “antisistema” y “enemigos del desarrollo” por el sector formal, constituye el principal insumo electoral de quien será elegido finalmente presidente del Perú.
El reto de los principales gremios empresariales, por ello, es reconquistar las regiones con un nuevo discurso emprendedor e inclusivo, que comparta éxito y también ganancias, así ello cueste reformar las viejas reglas de juego de un Estado de derecho que ha devenido en obsoleto y arcaico, por su incapacidad para representar políticamente a las grandes mayorías y no administrar adecuadamente el ascenso social.
La absurda idea de que los éxitos empresariales de una generación se conviertan en privilegios automáticos para sus herederos es una de las peores taras sociales que nos dejó la herencia colonial.
La ceguera empresarial llega incluso a niveles inaceptables para quienes creemos en la institucionalidad democrática, cuando quieren impedir que la actual presidenta reciba el salario que correspondería al cargo que ocupa. Un populismo absurdo mantuvo este salario por debajo de todos sus subordinados en la estructura administrativa del aparato gubernamental, sin ningún sustento. Que la presidenta Boluarte gane un salario mayor que sus ministros y un monto similar al que reciben los congresistas es lo que corresponde. ¿Por qué tendría que postergarse la aplicación de esta reforma al siguiente gobernante?
Si algo deben aprender las élites que lideran el país en los distintos ámbitos de desarrollo es que las nuevas reglas de juego que permitan una convivencia en la sociedad peruana se deben aplicar para todos por igual.
Los privilegios impuestos que impiden el ascenso social de sectores emergentes exitosos no son un derecho. Son una rémora que debemos combatir con meritocracia, mayor competencia y libre mercado. El mercantilismo es el peor enemigo del desarrollo, venga de donde venga: del sector formal, informal o ilegal.
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