Castillo, repudiado, ¡renuncia!
No solo por las decisiones judiciales recientes, tomadas en base a hechos que distintas Fiscalías han calibrado sobre la conducta de personas del entorno inmediato de quien funge de jefe de Estado, sino, sobre todo, por el temprano y sin duda irreversible hartazgo que la población de la capital y del interior del país viene mostrando ante la ineptitud e incapacidad moral de quienes hoy gobiernan, se hace necesario insistir en pedir la renuncia inmediata del directo y principal responsable de esta insólita situación, que amenaza la paz y tranquilidad individual y colectiva que se requieren para que cada peruano y su familia –y por tanto el país entero- logren bienestar y seguridad.
Nadie en su sano juicio –menos quien recurre abusivamente al concepto de pueblo, como hace Castillo- puede pretender que es tolerable que Palacio de Gobierno esté permanentemente rodeado de vallas y resulte aislado del mismo centro de la ciudad, que se supone es lugar de obligado paso de los turistas y de las personas, sencillos emprendedores en su mayoría, que buscan progresar en el turismo y el comercio.
Tampoco es tolerable que cada desplazamiento del aludido requiera de centenares -o incluso miles como se vio en Huancayo hace varias semanas- de policías para impedir que ciudadanos (los supuestos electores del profesor) siquiera se acerquen al lugar en que se desarrolla un consejo de ministros “descentralizado”, en el que se invierte excepcionales recursos precisamente bajo el argumento de acercar órganos del gobierno nacional a la población distante de la capital del país.
Mucho menos tolerable es que en cada lugar visitado, la población espontáneamente supere las portátiles que el oficialismo lleva a cada lugar a costo del presupuesto público y se produzca un ambiente de ruido en el que es posible identificar como constantes silbidos de rechazo y expresiones tales como “fuera ladrón”, “corrupto”, “burro”, por citar las más suaves.
Nada de esto es gratuito o producto de alguna conspiración, menos se origina en discriminación a un provinciano (somos millones) o a un campesino o rondero (que Castillo no es), como astutamente se alega desde el régimen. Se lo ha ganado a pulso Pedro Castillo Terrones (¿o Díaz?) incluso desde antes de convertirse (¿cuándo se terminará de investigar el más que indiciario fraude electoral?) en presidente de la República.
Penosamente congresistas atraídos a las mieles (obras, puestos para parientes y amigos, etc.) del Poder Ejecutivo, han hecho hasta hoy imposible la vacancia. En tal escenario queda exigir a viva voz y por todo medio posible “CASTILLO, REPUDIADO, ¡RENUNCIA!”
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