Castillo: Ninguna respuesta frente a asaltos y crímenes
La narrativa de Castillo respecto a lo fundamental estriba mayormente -según su última entrevista con Hildebrandt- en la salud de los peruanos, esto en el contexto de la pandemia y la vacunación. En los últimos meses las frases más destacadas del mandatario y sus colaboradores estuvieron alrededor de temas como la nacionalización energética, la segunda reforma agraria, la asamblea constituyente, la unificación del Minsa con EsSalud y la reforma tributaria.
Ninguno de estos tópicos ha mejorado con esta administración. Al menos su alharaca ha permitido visibilizarlos en el debate público y señalar el camino erróneo que quisieron tomar para abordarlos.
En la campaña los tópicos fueron básicamente el cambio del modelo económico -que ahora parece ser un asunto en el que se ha retrocedido- a través de una Asamblea Constituyente, esto traía además medidas absurdas como la prohibición de las importaciones. Como vemos ni en la etapa electoral ni en los 6 meses de gobierno ha existido -ni declarativamente- una preocupación importante por el asunto de la seguridad interna.
La preocupación del chotano por el asunto apenas merece una mención en la entrevista que le realizó César Hildebrandt y que fue publicada el pasado viernes. Naturalmente una vaguedad, como casi todo en él. Peor aún en su administración se ha nombrado gente como Barranzuela, que estaba en la línea de la no erradicación del cultivo de hoja de coca.
Castillo tampoco parece tener idea de cómo impulsar una formalización de la pequeña minería, un asunto clave que ayudaría a reducir los delitos conexos que trae esta actividad hoy totalmente fuera de la ley y de control y que además impacta negativamente en la dimensión ambiental.
La data INEI nos muestra que este tema está en un punto de emergencia absoluta.Por ejemplo: el 18.6% de los peruanos mayores de 15 años fueron víctima de algún hecho delictivo; en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, 23.1%. De estos crímenes aproximadamente un 12% fueron con arma de fuego.
Además, más del 80% de los peruanos perciben que pueden ser víctima de la delincuencia en los próximos 12 meses. Peor aún, sólo el 15% de los peruanos que son víctimas denuncian. Otro dato importante es que los feminicidios aumentaron de 138 a 147 de 2020 a 2021. Catastrófico y responsabilidad mayúscula también de Vizcarra y Sagasti.
La indiferencia del Ejecutivo -reflejada también en el descuido de la infraestructura de comisarías y la ausencia de construcción de nuevas o de proyectos populares alrededor de la seguridad ciudadana- frente a esta realidad y aún más sus desavenencias permanentes e incluso maltrato a la policía, desencuentros recientes entre el ineficiente Guillén y las autoridades policiales, ofrecen un negro panorama para los siguientes meses/años.
La sociedad civil debe movilizarse y presionar para que se actúe contra este flagelo; no sólo desde el Ejecutivo sino también desde el Parlamento, que podría emitir un paquete legislativo orientado a potenciar la policía y el marco normativo para resistir a esta amenaza estructural. Sin seguridad no hay justicia social ni inversión. Y es el pueblo productor el primer afectado. Si el panorama económico sigue deteriorándose y la falta de empleo aumentando -como es previsible- estamos ante un reto mayúsculo.
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