Carta abierta al fiscal José Domingo Pérez

Como ciudadano yo defiendo mi patria y como periodista me ampara la jurisprudencia; para mí el interés nacional está muy por encima de acuerdos, y sí por eso van a tener la supina ignorancia de abrirme juicio, a mucha honra, señor fiscal, espero su acusación.

Pareciera que el efímero poder dado a usted por el Ejecutivo y por algunos medios de comunicación social han hecho que pierda el norte. Como abogado que es, debe llegar a entender que el interés nacional es un concepto esencial de las ciencias políticas y que se identifica con el bien común de la sociedad, entendida como un cuerpo social, y no tanto con el interés del Estado en sí mismo.

En la teoría jurídico-política, el acto administrativo debe siempre mirar la satisfacción del interés general, es decir de nuestra patria, el Perú, al margen de cualquier ideología política o presión venga de donde venga. El Perú está primero.

Por lo tanto, la filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz que el Ministerio Público celebró con Odebrecht es de interés nacional y no del interés privado. Que haya usted afirmado que "…me siento preocupado, porque se estarían haciendo prácticas o actos indebidos de tener copia o fotografía de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y al cual se le estaría dando un uso indebido en las redes sociales", es nuestro legítimo Derecho consagrado en la Ley de leyes.

Que usted señale que “…existe un informante en la Fiscalía que estaba brindando información a ciertas personas investigadas…” es simplemente una ligereza suya.

La Ley de leyes contempla en su Art. 2, que “Toda persona tiene derecho:”, inc. 4 “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, y el inc. 18, “A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional”. Por lo tanto, usted no puede ir sobre nuestra Carta Magna.

Entienda usted, señor fiscal, que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa, el ejercicio de ésta no es una concesión, es un derecho del pueblo. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.

Ningún medio de comunicación social o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente; se trata de una causa esencial para la democracia. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar la profesión que la ejerzo durante más de 38 años.