Cambio constitucional y el rol del Estado en la economía

El Perú retorna a la democracia en el 2001, a partir de la marcha de los Cuatro Suyos, encabezada por Toledo, donde todos los movimientos tenían como bandera el cambio de la Constitución.

Durante estas dos décadas, se han tenido muchas iniciativas de cambio constitucional frustradas, pues se requiere de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que tome en cuenta los intereses de la población. Solo así existirá un verdadero “clima constituyente” y encontraremos una salida constitucional, duradera y legítima.

Pero una nueva Constitución no resolverá por sí misma los problemas que afronta el país. La reforma constitucional es muy importante pero no es suficiente. Se requiere, además, un cambio en nuestra clase política que le dé la cuota de legitimidad requerida para liderar un cambio y fortalecer nuestra institucionalidad democrática que se encuentra debilitada.

Un proceso de cambio de Constitución, total o parcial, pasa, necesariamente, por revisar el capítulo económico, más aún cuando la vigencia de la Constitución se ha dado desde 1993. En todos estos años ha habido crecimiento económico, producto, particularmente, de factores externos como son los precios de los minerales, y en menor medida, las exportaciones no tradicionales, como la palta, espárragos, café, entre otros.

Sin embargo, este crecimiento no ha traído desarrollo, lo que nos hubiera permitido afrontar la pandemia de la covid-19 sin que el Perú, vergonzosamente, haya sido el país con más muertos por millón de habitantes y con la economía más golpeada del mundo.

Esto es consecuencia de una economía mercantilista que ha permitido, legalmente, la especulación a costa de muertos, quienes no alcanzaban camas UCI y cuyas familias se movilizaban en búsqueda de un balón de oxígeno, que incrementó su precio 10 veces, mientras el Panadol de S/ 1 llegó a costar S/ 50 y la azitromicina pasó de S/ 4 a S/162, en cadenas farmacéuticas, así como en farmacias independientes.

En la Constitución de 1993 se alteró significativamente el rol del Estado en la Economía, desapareció su papel en la planificación, y se enfatizó en la subsidiariedad de su actividad empresarial. Esta Constitución eliminó el Instituto Nacional de Planificación, lo que facilitó inversiones millonarias sin estudios que las justificaran.

Rematándose las empresas públicas en el contexto de que lo público, per se, es malo, y lo privado, es bueno.

Un ejemplo de esto lo he tocado en el artículo anterior: la venta de la refinería La Pampilla a 160 millones de dólares, equivalente al 3.2% de lo que costara posteriormente la modernización de la refinería de Talara (5 mil millones de dólares).

Lima hoy es considerada una de las capitales del mundo con mayor polución y también con serios déficits de agua, desagüe y servicios sanitarios para gran parte de su población. Petroperú y Sedapal deberían convertirse en empresas mixtas, con gerencia privada y auditorías internacionales que eviten la corrupción.

La crisis sanitaria, y los efectos de la guerra en Ucrania, han puesto en evidencia la insostenibilidad de un modelo económico que exhibió sus éxitos macroeconómicos de crecimiento, a despecho de la carencia de servicios básicos (salud, educación, vivienda, saneamiento y otros) incompatibles con la condición humana de millones de peruanos. Todo esto en el contexto de una presumida aspiración de encaminar al país hacia la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como si el desarrollo fuera únicamente una acumulación de cifras y resultados cuantitativos, independientemente del costo social.

En este contexto, y teniendo en cuenta la errática forma de encarar la crisis alimentaria que se avecina y el peligro de una estanflación, hay la necesidad de mirar el futuro: se necesita de un Estado dinámico, creativo, vital, que planifique el desarrollo del país articulando necesidades sociales y una administración eficiente de las políticas económicas.

Debemos destacar el concepto de que el Estado es el único actor capaz de organizar, orientar, estimular y consensuar el esfuerzo nacional hacia el logro de objetivos país, lo que exige la redefinición constitucional del rol del Estado bajo la premisa de que solo los gobiernos constitucionalmente constituidos están legitimados para ejercer esas facultades.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.