Bolivia atrapada en su propio laberinto

Bolivia se acerca a elecciones generales el 17 de agosto en medio de una crisis política, económica y un sistema cada vez menos democrático. Diez candidatos compiten por la presidencia, pero más que pluralismo, el proceso está marcado por la desconfianza, manipulación judicial y desesperación económica.
Bolivia es un penoso espejo para el Perú y América Latina; es un recordatorio de instituciones devoradas por ambiciones de poder y un tejido social resquebrajado por un sistema incapaz de garantizar reglas limpias. El panorama es desolador.
En el frente político boliviano, el proceso electoral está empañado por decisiones judiciales que, lejos de aclarar las reglas de juego, las enturbian. La justicia boliviana, árbitro parcializado, es una herramienta al servicio de intereses políticos. Las resoluciones que ponen en jaque la candidatura de Andrónico Rodríguez, presidente del Congreso, delfín de Evo Morales, y al mismo tiempo permiten el retorno de Pan-Bol, partido que Morales intentaba utilizar como trampolín político, ilustran una realidad donde las leyes se interpretan según las conveniencias.
Morales, inhabilitado por la justicia para participar en estas elecciones, organiza protestas y levantamientos violentos, agravando la inestabilidad. Lo que debería ser un proceso electoral transparente se transforma en una avalancha de amparos, fallos ambiguos y plazos ajustados a medida.
La crisis económica avanza como una sombra inevitable. Bolivia sufre una aguda escasez de dólares, inflación que carcome el salario real, desabastecimiento de combustibles y colapso en la producción de gas, principal fuente de divisas. Las reservas internacionales, alguna vez motivo de orgullo, están al borde de agotarse. El modelo económico impulsado por Evo Morales y continuado por Luis Arce durante 20 años, basado en el gasto público desenfrenado y dependencia de materias primas, muestra agotamiento. Las promesas de industrialización, diversificación productiva y sustitución de importaciones quedaron atrapadas en una retórica sin resultados. Ante la crisis, hasta los candidatos oficialistas proponen “austeridad”, consigna impensable para el MAS hasta hace poco.
El clima social es de frustración y tensión. Las demandas de inhabilitación contra candidatos, protestas contra el Gobierno, hastío por falta de soluciones y desconfianza generalizada en las instituciones son una peligrosa combinación. A este escenario se suman las eternas promesas: industrialización del litio, renegociar la deuda, fomento al turismo, promoción de exportaciones, que no solucionarán el problema centrado en un modelo que lleva a Bolivia a la ruina.
El caso boliviano es una advertencia que no podemos ignorar. La judicialización de la política, manipulación de instituciones sirviendo a intereses de corto plazo, identidad como herramienta de poder y desprecio por las reglas democráticas son síntomas que se manifiestan en nuestro país. Eliminar categorías como “mestizo” y “blanco” en el próximo censo, redefiniendo representaciones políticas y creciente polarización, son señales que encaminan al Perú por un sendero político peligroso.
En Bolivia el voto indígena vale diez veces más que el de un ciudadano común. Los bolivianos están atrapados en un laberinto donde la justicia no garantiza equidad, la economía es rehén de la improvisación y las elecciones son una pugna entre facciones, y no una expresión libre y soberana del pueblo. Los peruanos debemos despertar, defendiendo las reglas democráticas sin concesiones a quienes intentan manipularlas. Bolivia nos enseña que, cuando la democracia se vuelve rehén del poder, lo que está en juego no es quién gobierna, sino el futuro de la nación.

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