Bicameralidad con legitimidad

El sistema de cámara única con el que cuenta nuestro actual Parlamento, como su estructura interna, tiene más de dos décadas de vigencia con un resultado que no ha satisfecho las expectativas de quienes lo promovieron.

La rapidez de la producción legislativa, que permita tener leyes aprobadas con la oportunidad que el caso requería, el costo presupuestario del mantenimiento de dos cámaras y la poca representatividad que tenían los integrantes de estas, entre otras, eran las razones que sirvieron de argumento para concluir que la existencia de sólo una cámara era la solución a esos problemas.

Desde el punto de vista técnico, es una evidente necesidad de que el Congreso de la República esté constituido por una Cámara de Diputados y un Senado. Permitiendo con ello que los criterios de representatividad sean distintos para cada cámara, distribuyéndose mejor las facultades del Parlamento en el entendido que el Poder Legislativo, además de producir normas, ejerce función de control y fiscalización política, así como comparte responsabilidades con el Poder Ejecutivo cuando se trata del nombramiento de altos funcionarios de Estado.

Pero, además de tener un rol sumamente importante que tiene que ver con el control entre los poderes del Estado, se debe llamar la atención que existe un control tan necesario como el mencionado, y este es el control intra poder del Estado; es decir, aquel que va a asegurar una producción legislativa más razonablemente elaborada y una mejor actuación en el control político, para que sea mucho más eficaz y responsable.

Por estas últimas razones es que se debe considerar la necesidad de viabilizar la reelección de los congresistas, dejando al pueblo que sea el que tome la decisión, con su voto, al permitir o no su continuidad en el ejercicio del cargo. Y, si se acompañara a la propuesta de retorno a la bicameralidad, la renovación de la Cámara de Diputados después de un periodo corto (menor al de la Presidencia de la República) y además se agregue la renovación del Senado por tercios, luego de un periodo igualmente menor a la de los cinco años, nos estaremos acercando a mejor interpretar la aspiración ciudadana.

En ese sentido, lo que se debe observar con especial atención es que cualquier decisión que mañana o pasado tome el Parlamento, esta no debe estar acompañada únicamente de legalidad, en cuanto se cumplió el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico vigente para lograr el cambio, sino que además la decisión política sintonice con lo que aspira la población.

Ello significa que cualquier modificación a nuestra Constitución, la cual requiere 88 votos a favor y no 87, como equivocadamente se comenta (ver el texto del artículo 206 de nuestra Carta Política, el cual indica que se requiere una votación favorable “...superior a los dos tercios del número legal de congresistas…”), necesita también obtener la legitimidad ciudadana.

Al respecto, si bien es verdad que en el último referéndum que se llevó a cabo en el Perú la población opinó en contra de la bicameralidad, como la fotografía de ese momento, también es cierto que la opinión pública puede cambiar de criterio y, con la experiencia tenida, ver la existencia de una segunda cámara como el camino para mejorar la imagen del Parlamento.

En consecuencia, se hace necesario que a la brevedad se inicie una gran campaña de difusión que permita que el común de las personas entienda el porqué es más importante la bicameralidad en lugar de la existencia de la cámara única. Para alcanzar el objetivo, la referida campaña debe desarrollarse usando términos y conceptos fácilmente comprensibles por toda la población, tomando en cuenta la diversidad del nivel de conocimientos que tiene el ciudadano peruano.

De conseguirse este panorama, como escenario de discusión del retorno a la bicameralidad, estamos asegurando que la decisión para su retorno tenga, además de legalidad, una necesaria legitimidad.

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