Benavides y Vizcarra, dos tramas de una misma crisis
En el país contemplamos con estupor la batalla campal en el Ministerio Público. Dos bandos pugnan por controlar la Fiscalía de la Nación, casi como aves carroñeras disputándose una presa que yace inanimada en el suelo. Algunos afirman que parece una disputa entre los Corleone y los Barzini. De un lado, Patricia Benavides, destituida de manera irregular por el pleno anterior de la JNJ; del otro, Delia Espinoza, quien se niega a entregar el cargo de fiscal de la Nación, incluso con vigilia incluida.
Espinoza representa en realidad la continuidad del control institucional que, salvo los breves periodos de Benavides y Chávarry, ha ejercido Pablo Sánchez por casi diez años. El mismo que recircula con Gorriti. El pleno de la JNJ ordenó la reposición de Benavides, pero su mandato no fue acatado. Insólito. Ahora un juez decide, convenientemente, sacarla de carrera por 24 meses. Es evidente una coordinación para evitar perder el control de la Fiscalía a toda costa.
Seamos claros: de los actuales fiscales supremos, salvo Tomás Gálvez, ninguno tiene autoridad moral para conducir el Ministerio Público. Benavides enfrenta serias impugnaciones por su tesis, a lo que responde con evasivas. Además, está el caso del cambio de fiscal en la investigación contra su hermana, la jueza. Y no olvidemos su entorno, que ahora la señala por actos cuestionables. Por otro lado, los demás fiscales supremos —Sánchez, Ávalos, Villena y Espinoza— forman parte de un bloque rival. Los dos primeros fueron funcionales al vizcarrismo e incluso a Castillo. Villena tuvo un interinato irrelevante y Espinoza incurre en desacato. El cambio debe ser total en la Junta de Fiscales Supremos, pero este Parlamento, demasiado desprestigiado, carece de autoridad para declarar la emergencia del Ministerio Público. La JNJ, debilitada, debería forzar un concurso para renovar el sistema.
En paralelo, Vizcarra evade una vez más un revés judicial. Con una carga probatoria abrumadora y sin historia de arraigo convincente, se le niega la prisión preventiva. Solo se le impide salir del país. Si los vientos judiciales se le tornan adversos —algo probable— podría fugar y pasar a la clandestinidad, como Cerrón.
Es correcto decir que Vizcarra, al cerrar el CNM, intervenir el Ministerio Público y crear la JNJ con influencia en su primer colegiado, sembró las bases del caos institucional actual. Su escandalosa libertad está directamente relacionada con el desastre que hoy enfrentamos en el sistema de justicia.
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