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Barbarie e impunidad

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Fecha Publicación: 12/04/2024 - 22:20
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El país ha condenado el cobarde ataque al abogado Humberto Abanto, ocurrido al retirarse del Ministerio Público.
Los autores de esos actos ilícitos están plenamente identificados en videos y fotografías. Son integrantes de la portátil del golpista Pedro Castillo, cuya libertad exigían, lo mismo que el cierre del Congreso, según pudo observarse en pancartas que mostraban los iracundos malhechores.
Sorprende, sin embargo, el escaso número de policías que resguardaban las instalaciones de la Fiscalía y que no intentaran detener a los delincuentes, que también maltrataron a varios periodistas.
En ese contexto, recordemos que en 2019 el legislador Carlos Tubino fue perseguido por una turba que lo golpeó con un cono de tránsito en la cabeza. En noviembre de 2020, otro desadaptado propinó un puñete en el rostro del vocero de Acción Popular, Ricardo Burga, cuando informaba a la prensa, en la puerta del hemiciclo, sobre la moción de vacancia a Martín Vizcarra. Y, en los últimos tiempos, son muchos los casos de congresistas y alcaldes agredidos en sus localidades, y hasta la presidenta Boluarte fue objeto de una jalada de cabello cuando repartía caramelos en la ciudad de Ayacucho.
Las agresiones se iniciaron durante el gobierno de Pedro Castillo. En los 14 Consejos de Ministros Descentralizados portátiles del régimen demandaron la destitución de la fiscal de la Nación, cierre del Congreso y convocatoria a una Asamblea Constituyente, libreto que repitieron en varios eventos en Palacio de Gobierno, ante el estridente aplauso del oficialismo, especialmente del fiero premier Aníbal Torres.
Destituido Castillo, bandas de matones de Perú Libre, reforzados con elementos vinculados al senderismo, asaltaron los aeropuertos de Ayacucho, Cusco, Puno y Arequipa, actos calificados como “terrorismo” por las Naciones Unidas; bloquearon las carreteras durante semanas; incendiaron locales policiales, del Ministerio Público, Poder Judicial y fundos agrícolas. Docenas de vehículos –incluidas ambulancias– fueron apedreados y murieron unas cincuenta personas, incluyendo un niño.
A pesar de la gravedad de esos hechos no hubo detenidos, menos procesados, lo cual significa que vivimos en el imperio de la impunidad, una situación extremadamente grave que estimula que se repitan esos actos criminales que ocurren en circunstancias que la presidenta Boluarte y el Legislativo tienen el rechazo del 88% y 85% de la población, según muestreo de Ipsos.
Sin embargo, el desprestigio se extiende a todo el sistema de justicia. La fiscalía se ha convertido en una deplorable manopla política, como lo demostró cuando apresaron y humillaron a la candidata presidencial Keiko Fujimori o cuando dispusieron el arresto del presidente Alan García, sin ninguna prueba, con el propósito de ultrajarlo públicamente.
Los responsables de esos infames hechos, Pablo Sánchez, Vela Barba y José Domingo Pérez, así como el juez Sánchez Balbuena, se mantienen en sus cargos y no han sido procesados penalmente como corresponde en un régimen democrático, aunque esperamos que una comisión multipartidaria del Parlamento cumpla esa tarea.
A lo dicho se suma el alarmante crecimiento de la inseguridad, reforzada por la incursión de asesinos del Tren de Aragua. En los penales hay cerca de 4 mil delincuentes extranjeros, la mayoría venezolanos y el año 2023 la policía intervino a 7,988 extranjeros, cuyo paradero desconocemos. De acuerdo a la estadística oficial del Ministerio del Interior el año 2022 fueron detenidas 254,889 personas y 10,784 bandas criminales y el año pasado la cifra se incrementó a 269,420 y 11,679, respectivamente.
La violencia y la impunidad constituyen uno de los más graves problemas de nuestro débil y corroído sistema democrático.
En ese contexto debemos incluir el vejamen al doctor Humberto Abanto, cuyos autores están filmados y fotografiados. La pregunta es: ¿los responsables serán detenidos y enjuiciados de acuerdo a ley o prevalecerá la impunidad como ha sucedido muchas veces, entre otras cuando liberaron a 21 extranjeros apresados por la PNP en su búnker de Pachacámac en diciembre del año pasado?

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