Balance al 8 de marzo

En 1975 se celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, marcando un antes y un después a partir de los compromisos que asumieron los Estados para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, adoptándose el denominado “enfoque de género en el desarrollo (GED)” y el “mainstreaming” o transversalización de este enfoque en las políticas públicas.

Han pasado más de 40 años de la celebración de esta conferencia que trajo consigo, convenciones, reformas legislativas y creación de políticas de Estado a favor de nuestros derechos; sin embargo, la desigualdad sigue estando presente en nuestras vidas.

Desde el año 2000, el Perú ha experimentado un crecimiento económico sostenido siendo considerado un país de renta alta, lo cual se tradujo en la reducción de la pobreza y en programas sociales destinados a las poblaciones mas desfavorecidas.

Al 2023, se aprecia un descenso importante de la desigualdad según el ranking del Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, conforme al Índice de Desigualdad de Género (IDG) del PNUD y el Índice Global de Brecha de Género (IGBG) del Foro Económico Mundial, parámetros que se aplican para medir las disparidades aun existentes. Avances en cifras macro y a nivel internacional que no se ven en la realidad de la gran mayoría de peruanas.

Tras la pandemia, las denuncias por violencia contra la mujer han aumentado. Es bueno precisar que no existe un estudio que nos digan si es que esas denuncias fueron resueltas a favor de los derechos de las víctimas.

La data del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar arroja cifras comparativas para abordar estudios e implementar planes y programas, pero poco dice de la eficiencia de los sectores comprometidos. No existe un real balance de las políticas y leyes existentes que muestren su efectividad.

En cuanto a las brechas en salud, educación y trabajo, la mujer y la niña del ámbito rural, siguen siendo las mas olvidadas. Los presupuestos asignados resultan insuficientes, no existe una clara priorización del gasto y lo peor, son las regiones con mayor índice de violencia en las que la corrupción de sus autoridades hace imposible la reducción de la desigualdad. Otro de los temas relevantes es el acceso a la justicia, derecho que sigue siendo negado a las mujeres pues aun persiste la necesidad de un aparato judicial inclusivo y descentralizado.

Finalmente, la paridad y la alternancia en política no nos ha devuelto una real participación y representación de los sectores de mujeres en situación de vulnerabilidad. Aun no tenemos un reglamento para la ley de acoso político, y para la política, aun existen grupos de mujeres que no son parte de la agenda pública como las madres cuidadoras que luchan por ajustes razonables en lo laboral o las niñas y adolescentes que sufren la ausencia de un sistema de prevención de la violencia. Una violencia que se siente en la permanente indiferencia del Estado.

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