Bajan calificación crediticia al Perú por inseguridad social y política
El pasado día 31 nuevamente la calificadora internacional Moody’s Investors Service (Moody’s) redujo al Perú la perspectiva de las calificaciones a largo plazo en moneda local y extranjera, de estable (desde septiembre de 2021), a una perspectiva negativa (Baa1: capacidad para cumplir obligaciones financieras pero con condiciones económicas adversas), debido a la intensificación de la conflictividad política y social, lo cual advierte una grave amenaza a la economía y a la gobernabilidad; según ha advertido esta calificadora, en nuestro país existe una amenaza latente de daño y menoscabo de la institucionalidad, gobernabilidad, manejo de las políticas y de la economía, lo cual socava la capacidad de recuperación económica afectando las perspectivas crediticias de mediano plazo y con elevadas tasas de interés.
Cabe señalar que en septiembre de 2021, Moody’s, rebajó, por primera vez en 20 años, la calificación de la deuda externa de los bonos del Perú a largo plazo y de la deuda local también a una perspectiva negativa Baa1 principalmente por el riesgo político y reducida capacidad de formulación de políticas del gobierno que afectan la confianza de los inversionistas ocasionando negativas perspectivas crediticias a mediano plazo.
De igual forma, las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor’s nos han rebajado la calificación y perspectiva crediticia de estable a negativa desde octubre de 2022 y diciembre de 2022, respectivamente, debido a un entorno político y social frágil que pueden llevar a cambios abruptos que indefectiblemente afectan y reducen la confianza de los inversionistas privados (80% del total de inversión en el país), lo cual afecta el crecimiento a mediano plazo y obstaculiza la gestión fiscal.
Actualmente, la izquierda radical está tratando de imponer un proceso constituyente a cualquier precio, intentando promover una modificación de la política y del modelo económico, lo cual socavaría la efectividad de la política y fomentaría la inseguridad jurídica por un proceso constitucional o por consideraciones políticas, además, debilitaría los pilares estructurales de nuestro perfil crediticio, y continuaría rebajándose nuestra calificación internacional.
Bajo este panorama, a pesar de que nuestra situación macroeconómica es sólida (baja deuda pública en relación al PBI, buenas reservas internacionales y un firme banco central), sin embargo, la inestabilidad política es grave y negativa, debemos con carácter urgente, mejorar el entorno político y la cohesión institucional, la adopción de reformas que impulsen el crecimiento sostenible, mejorar las instituciones políticas, luchar agresivamente contra la corrupción y reducir la economía informal. Caso contrario, nuestra perspectiva de calificación podría seguir reduciéndose y llegar por debajo del “nivel de grado de inversión” hasta el denominado “nivel de grado especulativo” o de alto riesgo.