Auxilio, Bukele

Desde el 2002 denunciamos el grave deterioro en que se encuentra la sede del Archivo de la Nación, ubicado en un sótano del Palacio de Justicia y que, a pesar de su estrechez, almacena 150 millones de documentos.
El reclamo ha resultado inútil porque el tema no interesa, a pesar de que realizar esa obra hubiera sido el mayor homenaje del Estado al bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, que sellaron la independencia del Perú y de América, en las épicas jornadas del 6 de agosto y el 9 de diciembre de 1824.
La situación del Archivo, empero, continúa deteriorándose, incluyendo robos de valiosos documentos históricos, un incendio e inundación ocurridos el 2020; además del riesgo de ser desalojado por el Poder Judicial, de acuerdo a una resolución de junio del 2022, hoy en suspenso.
Un local moderno estaría concluido en tres o cuatro años, y existe dinero para financiar esa magna obra para salvaguardar nuestra herencia bicentenaria.
Resulta ineludible, entonces, construir un nuevo local porque el actual (que funciona desde 1943, en el sótano del Palacio de Justicia, al costado de la carceleta) es completamente inapropiado para custodiar 29,000 metros lineales de títulos, equivalentes a 28 kilómetros de extensión.
En ese espacio reducido –con escasa ventilación y abundantes ácaros, cargado de hongos que destruyen o dañan valiosos legajos, y carente de un ambiente adecuado para el trabajo de los investigadores– se conservan colecciones de documentos que van desde el siglo XVI hasta el XIX.
Entre otros, las escrituras de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, del Inca Garcilaso de la Vega, San Martín de Porres y el testamento de Pedro Manuel, conocido como “El Griego”, del año 1613, que demuestra que el pisco es oriundo del Perú.
El pequeño y húmedo espacio también resguarda otras joyas valiosas, reales cédulas, provisiones y bandos de los virreyes del periodo comprendido entre 1558 y 1824; documentos de la Real Audiencia de Lima, del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, de la Compañía de Jesús y árboles genealógicos, de tierras y comunidades. Además, en el archivo republicano están ordenados escritos con las firmas de San Martín, Bolívar, Ramón Castilla, Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres y otros ilustres compatriotas, así como la relación de oficiales que lucharon en las batallas de Junín y Ayacucho.
Su importancia para los altos intereses del Estado quedó evidenciada durante el litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando el Archivo de la Nación facilitó a nuestra Cancillería la Resolución Legislativa 12305, de 1955, que aprobó los acuerdos suscritos con Chile y Ecuador en la Primera Conferencia sobre la Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur.
Dadas estas consideraciones, es urgente que el Poder Ejecutivo inicie iniciar la construcción de un moderno y bien equipado local, incluyendo un sistema digitalizado que permita a los ciudadanos acceder a ese espacio y que, a la vez, facilite la labor de profesionales altamente capacitados que laboran precariamente y reciben una remuneración irrisoria por las complejas labores que realizan.
La Comisión de Cultura del Congreso de la República debería priorizar ese tema y convocar al ministro del sector para que exponga sobre la situación en que se encuentra el proyecto.
Y, además, el gobierno haría bien en pedir apoyo al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que en menos de un año construyó el más moderno centro penitenciario del hemisferio, para albergar a 40 mil delincuentes y una biblioteca de 24 mil metros cuadrados que almacena 365 mil libros, y atiende 24 horas, los 365 días del año.
Pregunto, finalmente, ¿cuánto tiempo hubiera demorado Bukele en construir un nuevo Archivo de la Nación? ¿No podríamos pedirle su auxilio solidario?

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