Atentado contra la justicia

¡Sucesivamente, entre 2011 y 2021 siete presidentes nos han desgobernado! En buena medida, debido a la implosión de la clase política. A la vez esta se encuentra hecha trizas por la informalidad de los partidos, inoculados en su ADN por intereses bastardos digitados no por sus cuadros dirigenciales ni por adeptos o simpatizantes; sino por cúpulas creadas por caciques amorales forjados entre la procadidad y la corruptela.

Todo esto consecuencia de una tara que ya hace décadas impera en el Estado: la informalidad. Este proceso arrancó a finales de los años cincuenta del siglo pasado que, entre otras lacras como para todo efecto, está aplicando la táctica del “sálvese quien pueda”, transformando en inviable a nuestro país.

Un conflicto infeliz, desatado por tres recalcitrantes magistrados del poder Judicial decididos a someter al Congreso Nacional a la dictadura de la Judicatura, ha creado un enfrentamiento que sólo podrá resolverlo el Tribunal Constitucional (que ya antes ha zanjado este mismo asunto, favoreciendo la posición del Congreso).

Repetimos, esta es una grave crisis de constitucionalidad, porque ninguna nación respetuosa del Estado de derecho admite que un poder estatal se entrometa en funciones del otro. ¡Aquello sólo pasa en las dictaduras totalitarias!

Por tanto, es obligación del Tribunal Constitucional sofocar, cuanto antes, este serio incidente llamando al orden al poder Judicial para que respete la majestad constitucional que ampara al Congreso de la República, como poder autónomo que es.

El incidente creado por tres malos jueces ha desembocado en una crisis de Estado de tal calibre que, en cualquier momento, este país puede caer en la anomia más absoluta.

Dicho sea de paso, esta conflictiva coyuntura nace impulsada por la sola existencia de la llamada Junta Nacional de Justicia JNJ que, entre otras atribuciones, tiene la de nombrar –pero sobre todo la de remover– a los jueces y fiscales del país. Es decir, exhibe un excesivo poder de chantaje hacia los magistrados, dada la facultad que demuestra, según se comportan sus dirigentes, para removerlos sin control alguno del poder Legislativo.

Semejante aberración ocurre hoy, porque siete burócratas que integran la citada JNJ –como todopoderosos zares– amedrentan con licenciar a nuestros magistrados del poder Judicial –vocales supremos incluidos–, siendo ellos mismos sujetos absolutamente ajenos a la exclusiva carrera de los jueces del Perú.

¡Háganse respetar y hagan respetar la Constitución, señores legisladores! Ustedes deben ejercer sus funciones congresales “con absoluta autonomía y sin necesidad de responder ante autoridad alguna; tanto por sus votos como por sus opiniones”.

En consecuencia, su deber como parlamentarios –ahora más que nunca– es eliminar esa espada de Damocles construida por el imputado por corrupción Martín Vizcarra, llamada Junta Nacional de Justicia, devolviéndole a la Corte Suprema del Perú su jerarquía constitucional para que sea ella, en exclusividad, la que ejerza el control de los magistrados; tanto a jueces de primera y segunda instancia, como a vocales superiores y supremos, garantizando así a la Justicia peruana el indispensable y debido control disciplinario de todos los magistrados que la integran.

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