¡Atentado contra el Estado de Derecho!

El Instituto de Defensa Legal -ONG propiedad de Gustavo Gorriti- se infiltró como bacteria ponzoñosa en el Ministerio Público, instalándose en un despacho especialmente habilitado a disposición de un representante suyo. En cierto momento, fue Cruz Silva Carpio; abogada especializada en derechos humanos, desarrollo de género, participación ciudadana, transparencia, fiscalización e investigadora sobre la educación legal en el Perú; además de “evaluación de magistrados” (¿?), perspectiva de género y promoción de la participación ciudadana; argumentando haber sido Adjunta de Docencia en el pregrado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 2009 y 2013; Adjunta de Docencia de pregrado en la PUCP en casos como “Sistema de Justicia” y “Derecho Constitucional”; y graduada con el diplomado “Justicia Transicional y Procesos de Democratización” del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
Para empezar, ¿con qué derecho la Fiscalía de la Nación le cedió un espacio -en sus instalaciones, propiedad del Estado- desde donde operan las fiscalías especializadas en investigar, por ejemplo, Corrupción de Funcionarios, Extinción de Dominio y/o una infinidad de delitos que, a diario, ocurren en este país? ¿Qué hacía Gorriti instalado en el Ministerio Público durante el tiempo que ha venido ocupando parte de aquella dependencia de la Fiscalía de la Nación? ¿Se abocó acaso a husmear expedientes, para después chantajear a personas? ¿Qué clase de Justicia es esta que convive en el mismísimo espacio con un sujeto que está -o por lo menos, estuvo- ligado a un individuo de dudosa reputación, como George Soros? ¿Acaso Soros no es uno de los aportantes de recursos financieros a la ONG IDL, propiedad de Gorriti, que, como señala su empleada Silva Carpio, entre otros casos, investiga la “transparencia, fiscalización; incluso evaluación de magistrados”? Pero, un momento. ¿Acaso la Constitución no ordena que sea la Fiscalía de la Nación la que investigue esos asuntos, y el Poder Judicial el que resuelva esos casos? ¿O es Gorriti quien lo hace desde que Soros, a través de Toledo, lo introdujo en el Estado como contralor? ¿No es, precisamente, por esa razón que Gorriti goza de poderes omnímodos dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, al extremo de haber llamado desde su móvil al Fiscal de la Nación para conminarlo a que disponga que, “en este instante, se retire del IDL”, un fiscal que estaba investigando irregularidades cometidas, precisamente, por esa ONG? ¿Acaso Gorriti no se jacta, permanentemente, de ser el “hombre fuerte” en todas aquellas cuestiones relacionadas al sistema de justicia peruano?
En buena parte, nuestro país es inviable por culpa de Gorriti. ¡Tamaño intervencionismo no existe en otra nación! ¿Bajo autorización de quién o quiénes lo hace? ¡El Congreso necesita tomar cartas en este asunto! ¿O acaso también callará y mirará de costado, porque quizá Gorriti tiene aterrados a diversos legisladores vía expedientes policiales, judiciales y demás instrumentos de coerción y/o chantaje? El affaire Gorriti es un insolente atentado contra nuestro Estado. De no adoptarse medidas drásticas, dejarán de tener sentido nuestras normas; y/o la ciudadanía se amotinará contra el Estado de Derecho.

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