¡Atención, presidente del Congreso!
Al paso que vamos, sabe Dios cuántos de los cuarenta y tantos candidatos presidenciales que participarán en las elecciones de abril de 2026, están ligados directa o indirectamente a la minería ilegal, al narcotráfico, así como a otras organizaciones delincuenciales que buscan poder político para consolidar sus fechorías. Esta tarea, de capital importancia, hoy no la ejerce dependencia alguna del Estado. ¡¡Porque la ley electoral que promulgó este Congreso, NO LO ESPECIFICA!!
Actualmente, ningún ente estatal investiga sistemática y preventivamente a los partidos políticos —tampoco a sus candidatos— por probables vínculos con economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y/o redes extranjeras de influencia. Entonces, ¿qué ente debería, efectivamente, investigar a aquellos postulantes previstos para participar en los comicios del 2026, que tienen requisitoria por homicidio, narcotráfico, lavado de dinero, violación, etc.; y figuran, a la vez, como afiliados a partidos políticos inscritos para estas elecciones? ¡Algunos de estos malandrines, inclusive, aparecen hace años entre las personas más buscadas por la justicia, registradas en el Programa de Recompensas del MININTER; y nunca fueron excluidos! Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, advierte: “existen organizaciones criminales que vienen financiando campañas electorales”. Desgraciadamente, el Legislativo debilitó los filtros institucionales, al no incluir en la nueva normativa electoral un mecanismo previo de fiscalización que evite sorpresas; como tener a un candidato presidencial, vicepresidencial y/o a postulantes al Poder Legislativo previamente requisitoriados por la Justicia.
Reiteramos, la ley no dispone que una unidad especializada investigue vínculos criminales en el sistema electoral; ni obliga a los partidos a verificar antecedentes penales de sus afiliados, salvo para cargos específicos. ¡Pero el Congreso bloqueó toda posibilidad de que ONPE y JNE crucen datos con la UIF y el Ministerio del Interior! La situación hoy es que la mera inscripción partidaria otorga al candidato un “blindaje institucional”. En consecuencia, salvo ley en contrario, no procede investigación ni los resultados podrán sujetarse a acción penal antes, durante ni después de la campaña electoral. Definitivamente, ¡votado el postulante, ya no podrá ser removido del cargo para el que resulte electo!
Hoy la ONPE solo supervisa la presentación de informes financieros de partidos y candidatos; y verifica el límite de financiamiento y otras taxativas formales, como aportes de empresas sujetas a multas. Tampoco puede intervenir cuentas bancarias, acceder a información tributaria, realizar interceptaciones y/o cumplir labores de inteligencia financiera, sin una unidad especializada ni protocolo interinstitucional para entrecruzar datos o formular informes financieros, impidiendo identificar aportes sospechosos para denunciarlos oportunamente. Hablamos de financiamientos ilícitos del narcotráfico, minería ilegal, fondos opacos extranjeros, aportes secretos de Venezuela o Cuba, redes de lavado vía criptomonedas, etc.
ONPE ha pedido atribuciones para superar este grave problema, pero inconcebiblemente ¡las ha rechazado el Congreso! El panorama electoral —con más de cuarenta candidatos presidenciales— enfrenta serias preocupaciones, pues existe la posibilidad de que muchos de estos tengan nexos con el narcotráfico, la minería ilegal y demás mafias del hampa que consolidarán poderío político encubriendo delitos.
¡La ciudadanía demanda que el presidente del Congreso no permita semejante fraude electoral, cantado por adelantado!
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