Asesinatos en Colombia

El atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, postulante presidencial del partido Centro Democrático e hijo de la periodista y abogada Diana Turbay —quien murió en 1991 durante un intercambio de disparos entre policías y narcotraficantes que la mantenían secuestrada— constituye un hecho amargo y deplorable que conmueve a toda América Latina.
Mucho más, por supuesto, a la hermana República de Colombia, que arrastra un largo historial de asesinatos de distinguidos políticos, autoridades y aspirantes a la jefatura del Estado.
Esta trágica historia comenzó en la primera mitad del siglo XX, en 1948, con el asesinato de una de las figuras más prominentes y queridas del país, Jorge Eliécer Gaitán. Líder del Partido Liberal, fue ministro de Trabajo y de Educación, alcalde de Bogotá y presidente de la Cámara de Representantes. Conocido como el “caudillo del pueblo”, su muerte desató una de las peores crisis sociales de la nación.
El autor del magnicidio fue perseguido y linchado por una multitud que arrojó su cadáver en las escalinatas del Capitolio Nacional. Enseguida, una ola de violencia se apoderó de la capital: murieron 2,585 personas, 450 resultaron heridas y parte de Bogotá fue saqueada e incendiada. A ese episodio se lo conoce como el “Bogotazo”.
Décadas más tarde, la violencia no cesó. En 1984, fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de Justicia y duro opositor de los cárteles del narcotráfico. Su sucesor, Enrique Parejo González —a quien tuve el honor de conocer— fue víctima de un atentado en Hungría, donde se encontraba como embajador. Un sicario enviado por Pablo Escobar le disparó cinco veces; sobrevivió milagrosamente.
En 1987, fue asesinado a tiros José Pardo Leal, de la Unión Patriótica. Dos años después, Luis Carlos Galán, carismático candidato del Nuevo Liberalismo, murió acribillado durante un acto público en Soacha, Cundinamarca. En 1990, el senador Bernardo Jaramillo, también de la Unión Patriótica, fue abatido en el aeropuerto por un sicario de 16 años. Ese mismo año, el exguerrillero Carlos Pizarro fue asesinado dentro de un avión rumbo a Barranquilla. En 1995, el conservador Álvaro Gómez Hurtado fue ultimado a tiros cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda.
Esta violencia política no es exclusiva de Colombia. En México, en 1994, fue asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, del PRI. Y recientemente, fueron asesinados la secretaria y el asesor de la alcaldesa de una ciudad mexicana.
En ese país, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 199,400 homicidios, mientras que en el Perú, durante ese mismo período, se contabilizaron 11,067.
Frente a este contexto regional, es imprescindible que los servicios de inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajen coordinadamente de cara a las elecciones del próximo año. El Perú vive un preocupante aumento del crimen, alimentado por organizaciones trasnacionales como “El Tren de Aragua”, de Venezuela, y “Los Choneros”, del Ecuador.
En suma, debemos estar alertas para que el crimen político no se reproduzca en nuestro país, donde el odio, la calumnia y los agravios contra el adversario político amenazan nuestra ya frágil democracia.

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