Arquitectura Gubernamental para la Gestión del Territorio

El 2006, los Gobiernos de Canadá y Perú suscribieron una carta de intención con el fin de fomentar la colaboración bilateral en materia de gestión del territorio, lo que permitió que Canadá brindara asistencia técnica al Perú, con el objetivo principal de apoyar al país en la formulación de una Arquitectura Gubernamental en materia de gestión del territorio como instrumento de visión y planificación.

La experiencia surgió en el Gobierno de la Provincia Federal de Quebec (Canadá), que en 1989 decidió desarrollar una planificación nacional basada en la Gestión del Territorio con intervenciones cada cinco años, de los tres niveles del gobierno (Gobierno Central, 17 Regiones y 1,100 Municipalidades). La planificación de las intervenciones del Estado en materia de gestión del territorio es aprobada y revisada anualmente, generando ahorros en el gasto público por mejor planificación, coordinación, concertación y eficiencia en las inversiones.

En Perú, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) constituyó el 21 de marzo de 2006 la Comisión Especial Multisectorial para la Arquitectura Gubernamental en Materia de Gestión del Territorio que recibió el mandato de formular una estrategia y un plan de acción, que sirva como instrumento de base para la planificación y la gestión de las intervenciones del Estado, constituyéndose en una herramienta estructural para el desarrollo socioeconómico sostenible del país y para la reducción de la pobreza.

El Programa de Modernización y Descentralización del Estado, financiado por el BID, actuó como secretaría técnica.

El diagnóstico conjunto (Perú-Canadá), llegó a las siguientes conclusiones:

• En el Perú existe ausencia de coordinación entre las diferentes entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en la planificación, ejecución y seguimiento de las intervenciones del Estado sobre el territorio (Ej., Olmos: adecuada ingeniería del proyecto, pero sin planificación vial, energética, urbana y de servicios básicos, entre otros). Como podemos ver, la planificación está presente permanentemente en todos los actos de Canadá, mientras que en el Perú aún no se restituye el Instituto Nacional de Planificación, eliminado por Fujimori, y cuyas facultades de inversión continúan en el super ministerio de economía.

• Hacen falta normas que no se contradigan y que estén integradas en la mayoría de los ámbitos relacionados a la gestión del territorio peruano (diversidad de catastros municipales y falta de uno de alcance nacional).

• La mayoría de los datos geográficos de base no están disponibles o son obsoletos. Además, cada institución que interviene sobre el territorio genera sus propios datos, generando duplicidades.

• Se han destinado montos importantes de inversión a gran número de proyectos a nivel nacional, regional y local con un bajo potencial de integración, pues han sido desarrollados con distintos criterios, métodos y tecnologías (Ej., IGN, PETT y COFOPRI no han podido integrar sus respectivos catastros).

• Al 2015 más del 50% del territorio peruano no estaba inventariado en términos de datos catastrales. De la parte inventariada, apenas el 10% contaba con información actualizada. Dudo que a la fecha haya cambios importantes. No es obligatorio el registro de los derechos de propiedad inmueble, lo cual ha generado duplicidades registrales y una gran inseguridad jurídica.

Estos resultados alcanzados en materia de gestión del territorio, dificultan y no contribuyen plenamente al logro de los objetivos nacionales de desarrollo, lo cual demanda voluntad política expresada en las iniciativas Gubernamentales, un entorno legal y legislativo favorable, desarrollar alianzas y capacidades locales, y gestionar el cambio.

Los requisitos para desarrollar la Gobernanza en la Gestión del territorio para un desarrollo sostenible son: mecanismos de gobernanza (concertación, consenso y seguimientos); mecanismos de financiamiento; y el ordenamiento del territorio (esto es valorar su potencial), su ocupación, su base geográfica y conocimiento de recursos. A ello se debe adicionar el conocimiento socioeconómico, a través de la Gestión de Derechos y de la Fiscalidad, para mejorar la equidad.

El 18 de julio de 2006, 10 días antes del cambio de gobierno (Toledo por García), mediante Decreto Supremo Nº 039-2006-PCM, se aprobó la Estrategia de Implementación de la Arquitectura Gubernamental en materia de Gestión del Territorio.

El segundo gobierno de García generó la absorción del Consejo Nacional de Descentralización (CND) en la PCM, convirtiéndola en la Secretaría de Descentralización, con una agenda centrada en la transferencia administrativa de funciones, sin ninguna estrategia de gestión del territorio.

Actualmente, el Ejecutivo viene intentado destrabar las inversiones locales, pero persiste la deficiente calidad de los expedientes técnicos, que requieren de especialistas que no existen en las regiones, siendo responsabilidad del Ministerio de Economía encontrar una solución, para que el destrabe de proyectos suponga mejorar significativamente los expedientes técnicos, con lo cual se aseguraría una ejecución presupuestal de calidad.

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