Aprendamos del conflicto sobre soberanía energética en Norteamérica

En estos momentos en que la política local está en un intenso trajín por la presidencia del Congreso, parecería inoportuno referirse a un tema internacional como el conflicto originado por México a nombre de la soberanía energética, contra Canadá y los Estados Unidos (EE.UU.), en el contexto de su tratado de libre comercio (T-MEC).

La prédica mexicana está presente en el oficialismo local, hoy fortalecido ante la inexcusable división de la oposición.

La soberanía energética entendida como independencia, no solo es patrimonio de los gobiernos de izquierda; los EE.UU., lo han planteado como objetivo desde los años 70, ante la crisis del petróleo generada por los países árabes y van camino a conseguirla, estima la Agencia Internacional de Energía (IEA) que ocurrirá en el 2035, debido al crecimiento exponencial en la producción de hidrocarburos iniciada en el 2007 por la tecnología del “fracking”. La inversión privada es indispensable, el sector energético es intensivo en uso de capital, inalcanzable para los Estados.

Desde el inicio de mandato de López Obrador (AMLO) en diciembre de 2019, su obsesión ha sido el autoabastecimiento, pero con recursos fiscales. No solo ha sido la inversión en la Refinería de Dos Bocas, en su natal Tabasco, que ha costado 8,000 millones de dólares (MMUS$), sino la decisión discriminatoria de prorrogar solo a la estatal Pemex, hasta el 2024, la exigencia de disminuir la cantidad de azufre en el petróleo diésel de 500 partes por millón (ppm) a 15 ppm.

Otras decisiones controvertidas de AMLO han sido: 1) la reforma legislativa de marzo de 2021, que revirtió la formalización de la apertura del mercado energético aprobada en el 2013 por su antecesor Peña Nieto, que en términos reales se venía practicando desde el año 1992 en el mandato de Salinas de Gortari; trayéndose abajo la formación de precios de electricidad por subastas -se practica en Perú desde el 2007- para favorecer a la estatal CFE, y 2) el uso preferencial de los gasoductos a favor de aquella y Pemex.

Más allá de las posibles sanciones al país azteca, queda claro que no habrá garantía de seguridad de suministro por la retracción de la inversión privada que será inexorable, hecho a tomar en cuenta.

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