APCI y USAID, en el ojo público

El Congreso no puede seguir retrasando la votación del proyecto de ley impulsado por el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, legislador Alejandro Aguinaga, para modificar la Ley 27690 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con la encomiable finalidad de que todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se inscriban en su registro e informen sobre la fuente y uso del dinero recibido.
Hacerlo representa una señal de transparencia y, al mismo tiempo, una obligación, porque las ONG están exentas del pago de impuesto a la renta y gozan de la devolución del IGV; es decir, tienen un régimen de privilegio a costa de los ingresos fiscales.
Postergar el debate de esa norma fue consecuencia de fuertes e inaceptables presiones de gobiernos extranjeros, entre otros de Canadá, EE. UU., Francia y Gran Bretaña, a pesar de que dichos países cuentan con disposiciones legales para supervisar a las ONG.
Recordemos que en Norteamérica rige, desde 1938, la ley FARA (Foreign Agents Registration Act), que incluso fue utilizada en la elección presidencial del 2016 para determinar la influencia extranjera durante el proceso electoral que condujo a Donald Trump a la Casa Blanca.
En Australia, El Salvador, Rusia, Venezuela y Gran Bretaña existen normas similares, y Paraguay anuncia la aprobación de un dispositivo de esa naturaleza. Sin embargo, para frenar la aprobación del proyecto APCI, los legisladores norteamericanos Ben Cardin y Tim Kaine, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, respectivamente, afirmaron que la propuesta “traicionaría las tradiciones democráticas de larga data del Perú”.
Esas presiones intimidantes violan principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo el artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 1965, 1979 y 1981, así como la Carta de la OEA, que establecen que ningún Estado tiene el derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro.
Desconocemos si estos legisladores han cambiado de parecer luego de que el presidente Trump y su principal asesor, el multimillonario Elon Musk, anunciaron la paralización de actividades de la Agencia de Ayuda para el Desarrollo (USAID), que registra 13 mil empleados y desembolsos de 72 mil millones de dólares, suma que representa el 42 % de toda la cooperación humanitaria de Naciones Unidas.
En 2023, USAID entregó a Latinoamérica USD 1,700 millones; Colombia recibió USD 389; Haití, 318; Venezuela, 205; Guatemala, 178; Honduras, 144; El Salvador, 138; y el Perú, 111.
Las nuevas autoridades de Washington, empero, han calificado a USAID de “organización criminal”, recordando que utilizaron parte del dinero en pagar a 6,700 periodistas y en objetivos escabrosos, infames, como costear la publicación de un libro de cómics transgénero para niños peruanos, la producción de ópera trans en Colombia o el apoyo al activismo LGBT, como hizo la Pontificia Universidad Católica al escenificar la obra María Maricón, patrocinada por el desacreditado e irreverente cardenal Carlos Castillo.
Otras veces, ONG de izquierda usaron los recursos en objetivos antidemocráticos, como hizo Aprodeh en 2006, enviando una carta al Parlamento Europeo para que excluya al MRTA de la lista de grupos terroristas, pero también para oponerse a numerosos proyectos mineros y de pesquería.
Más aún, recientes reportes dan cuenta del manejo político de los fondos de USAID.
La transparencia es fundamental en una democracia y a ese objetivo apuntan los cambios propuestos a la ley de APCI, institución que tiene el legítimo derecho de conocer el origen de las donaciones y de fiscalizar que no se usen con fines ilícitos y en concordancia con los intereses nacionales.
La opacidad, el ocultamiento, el manejo de cifras entre bambalinas y sombras solo favorece a sectores que hacen uso de los donativos para su propio beneficio, argumentando que nadie puede tener conocimiento del dinero que reciben por su “soberanía institucional”. Increíble, pero cierto.

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