Angustia ciudadana
Los peruanos vivimos angustiados por el crecimiento de la inseguridad. Esta angustia destruye el buen vivir y frena las inversiones. La inseguridad ciudadana aumenta a medida que los Estados son más permisivos con quienes la generan. Todo comienza con un exagerado respeto por los derechos humanos de los delincuentes y un irresponsable irrespeto por los derechos humanos de los ciudadanos y de la autoridad que tiene que velar por ellos.
La angustia ciudadana provoca que el instinto de supervivencia de los ciudadanos crezca y que se genere irrespeto por los derechos humanos de quienes la originan. A medida que esto ocurre, los ciudadanos comienzan a crear seguridad con sus propias manos, y el Estado lo oculta porque esto es prueba de la indiferencia y la cobarde inacción de muchos políticos, que no se atreven a dictar las normas necesarias para enfrentarse a la delincuencia, temiendo que este enfrentamiento pueda afectarlos políticamente.
No solo eso, muchos políticos, para esconder su irresponsabilidad, acusan de atentar contra los derechos humanos a quienes demandan una normativa más severa para aplicar a los responsables de la creciente y angustiante inseguridad ciudadana.
Lo antes mencionado ha tenido una gran repercusión en la forma de actuar de nuestra policía, ya que se les ha impuesto una exagerada responsabilidad por el respeto a los derechos humanos de aquellos que atentan contra los suyos (la policía) y los nuestros.
No puede ser que, en circunstancias como las que vivimos, se juzgue con el mismo criterio y normas a quienes, en beneficio propio, atentan contra los derechos humanos de un ciudadano y a quienes tienen la responsabilidad de evitarlo. En estos momentos, basta con ver o leer los medios de comunicación para darse cuenta de que las noticias más difundidas son aquellas que tratan sobre los atentados contra los derechos humanos de los ciudadanos y, lo que es más angustiante, la impunidad con la que estos se realizan.
Por ello, se requiere que existan jueces que comprendan las circunstancias de aquellos que ponen en riesgo sus derechos humanos para evitar que la angustia ciudadana destruya nuestro buen vivir y atente contra la inversión.
En defensa de sus derechos humanos, se debe permitir al policía exigir al detenido que enseñe las manos, y que el no hacerlo sea considerado una falta grave que, como ocurre en Estados Unidos, justifique dispararle, procurando no matarlo. Asimismo, los jueces deben ser severos cuando se trata de la detención de un ciudadano con prontuario.
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