Análisis gubernamental riguroso requiere inversiones en gas natural

Percibo a un gobierno urgido de mostrarse como exitoso en la consecución de inversiones, y en esta línea se está hablando recurrentemente del Gasoducto Costero y la Masificación del Gas Natural (GN) en siete regiones del interior del país. Los interesados son Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el primer caso, y Cálidda en el segundo. Lo que plantean las empresas es que sus contratos de concesión, que vencen hacia el 2032, sean ampliados vía adenda por 10 años. Compete al gobierno evaluar la razonabilidad de las propuestas.
Más allá del tema de las reservas, de la ampliación de la capacidad de transporte del ducto Camisea-Lima en sus primeros 200 km y de la Planta de Separación de GN y líquidos de gas natural, denominada Malvinas, a las que ya me he referido en varias oportunidades, solicitando que se aclare públicamente cómo se abordarán estas limitantes, sin tener respuesta alguna; está la evaluación del beneficio-costo para el Estado.
Los contratos que se tienen en los dos casos mencionados en la definición de sus ingresos por el servicio que prestan tienen dos componentes: la recuperación de la inversión en cuotas anuales (capex) y los costos de operación y mantenimiento en cada período anual (opex).
Al término del plazo de concesión, un nuevo período ya no debe cobrar capex porque ha sido recuperado durante la vigencia del contrato original; es claro que, de cobrarse, tendría que ser solo por las nuevas inversiones que se hagan. Lo que sí tuviese que pagar es por el opex.
El costo del servicio al consumidor está compuesto en un 68% por capex y 32% por opex. Lo que plantean los concesionarios actuales es realizar inversiones y, a cambio, seguir cobrando capex y opex. TGP propone una inversión de 2,000 millones de dólares (MMUS$) por el Gasoducto Costero (Humay-Mollendo e Ilo) y Cálidda anuncia inversiones por 400 MMUS$ para habilitar servicio de GN para 160 mil viviendas.
La ecuación que tiene que resolver el gobierno es si la recaudación que seguirán cobrando los concesionarios se compensa con lo que cobrarán vía tarifa para recuperar las inversiones que prometen hacer. Se espera que haya un equilibrio y no un desbalance a favor de ninguna de las partes. Este es el tema que debe mostrar Proinversión con absoluta transparencia.

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