Al fondo hay sitio

El título de esta columna, quizás a algunos apreciados lectores los llevará a recordar un antiguo programa de entretenimiento televisivo. Pues error, nos referimos al pensamiento de fiscales, jueces y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que creen que el aforo de nuestros establecimientos penales es ilimitado. No, señor, tiene límites y, lamentablemente, el mismo ha sido sobrepasado ampliamente, con el resultado de gran hacinamiento y hasta elevadísima promiscuidad. Al fondo ya no hay sitio.
Con el aumento desbordante de la delincuencia y de los actos delincuenciales, los ciudadanos les reclaman a los fiscales y jueces que metan a la cárcel a los delincuentes, lo que tiene sus bemoles, pues como hemos dicho, nuestras cárceles están abarrotadas. Por lo demás, nuestros operadores de justicia parecería que se solazan con las prisiones preparatorias y preventivas, lo que no debería ser regla sino excepción y, encima de todo ello, los procesos judiciales son interminables y el mayor número de internados en los penales están sin sentencia, a lo que habría que fustigar a los juzgadores para que cumplan dentro de los plazos de ley con sus obligaciones.
La pregunta, luego de leer lo antes señalado, cae por su propio peso y ella consiste en inquirir: ¿qué es lo que se puede hacer? La respuesta no es una sola, pues se pueden y deben hacer varias cosas, como la edificación de mayor número de establecimientos penales, la puesta en práctica de los grilletes electrónicos, el terminar con los procesos penales de quienes están en cárceles sin sentencia, aplicar muy excepcionalmente las prisiones preparatorias y preventivas y, por último, hacer que nuestras autoridades judiciales cumplan a tiempo con los juzgamientos.
En cuanto a los penales, se ha escuchado que hay uno edificado a medias en Ocucaje. De ser cierto, hay que terminarlo cuanto antes, así como hacer más establecimientos penales, incluso con la posibilidad de que puedan ser conducidos por la actividad privada.
La normatividad de los grilletes electrónicos existe, pero hasta ahora no se pone en práctica, un tema que no es difícil de resolver. Lo único que se requiere es decisión, dado que el solventar los costos de dicha herramienta de seguridad es de cargo de los propios condenados por delitos no tan graves o por sus familiares.
La demora en los juzgamientos no tiene perdón de Dios. Es increíble, por ejemplo, que los inculpados por los sucesos de El Frontón al debelarse un grave motín ya tienen cuarenta años. Cuatro décadas en que diversas personas de nuestras Fuerzas Armadas, que cumplían con su deber, no concluyen sus procesos, que van, vienen, se anulan, se vuelven a iniciar, mete su cuchara el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y siguen y siguen sin terminar los enjuiciamientos, teniendo no solamente afectados a los inculpados sino también a sus familias.
En lo que se refiere genéricamente a la demora en los juzgamientos, ello es de responsabilidad judicial. Si cumpliesen a tiempo con sus obligaciones, nadie se atrevería a pedir, como hoy se está haciendo, la reorganización del Ministerio Público y Poder Judicial. El señalar por los juzgadores que el despacho judicial está sobrecargado no es razón sino excusa, pues hay tribunales que están al día y si ellos lo pueden hacer, también los demás. El tema del cumplimiento de plazos o de la morosidad debería también tenerse muy en cuenta para ratificaciones y ascensos.

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