Ahora o nunca

Ahora que está por iniciarse el nuevo año se acostumbra efectuar balances del ejercicio que concluye y se efectúan perspectivas de cómo evolucionarían los diversos sectores de la economía. ¿Se recuperará el PBI?, ¿habrá reactivación?, ¿se generará más empleo?, etc. Sin embargo, muchas de las respuestas a las preguntas anteriores estarán condicionadas a cómo evolucione el sector minero, espina dorsal de la economía de nuestro país. Y si bien es cierto que la minería fue duramente afectada por el antiempresarial gobierno de Castillo, sus campanas sobre una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución y sus amenazas de nacionalizaciones, afortunadamente, Castillo ya está preso, y a pesar de la inercia que caracteriza al gobierno de Boluarte, ya empiezan a conocerse noticias positivas, como la del Citi Research, que anunció que el 2024 se recuperarían las inversiones mineras a pesar de la inestabilidad política. Es que las inversiones mineras son proyectos de largo plazo, por lo que los eventos de corto plazo influyen menos que en sectores que operan en el corto plazo. Asimismo, un VP de la calificadora Fitch opinó que la recuperación económica sería en verano. Y también hay que mencionar que el optimismo que evidenciaron los directivos de las corporaciones mineras en el último Perumin fue notable a pesar que en el 2023 la inversión minera caerá en 18%.

Pero para consolidar el cambio, tienen que haber cambios tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En este sentido, fueron contundentes las declaraciones del congresista Carlos Anderson, el Congreso ha hecho mucho por la minería informal e ilegal, pero ignora la de clase mundial. Y es que con el apoyo del gobierno de Castillo y del Congreso, la minería ilegal ahora es, de lejos, la que genera mayores ingresos entre las actividades del crimen organizado, con lo que puede financiar y sobornar a quienes les convenga financiar y sobornar. Es por ello que es imprescindible identificar a los congresistas que apoyan este tipo de actividades ilegales. Es que si no se detiene esto a tiempo, ¿se imaginan a cuántos potenciales congresistas financiarían en el próximo Legislativo? Además existe un factor que podría acelerar la recuperación minera, y es el hecho que existen proyectos mineros por US$ 53,000 millones que han cumplido con todos los requisitos requeridos por el Estado, pero que el gobierno no les da la luz verde por temor a las reacciones de las comunidades mineras en las zonas de influencia. Por lo que en un trabajo coordinado entre el gobierno, las mineras y las comunidades podrían ponerse en marcha dichos proyectos retenidos en estos momentos en que se requiere de ellos para aprovechar las ventajas del cambio tecnológico mundial .
Sobre todo, si ya se han anunciado grandes planes de ampliación y de nuevos proyectos de cobre de países competidores de nuestro país. Sería imperdonable si perdiéramos esta oportunidad que nos ofrece el destino.