Agenda Social: Un shock integral en seguridad
La inseguridad será el eje central del debate público. Por eso, junto a un equipo de técnicos y especialistas —criminólogos, abogados, policías, militares, entre otros— hemos elaborado lo que denominamos un shock de seguridad integral para el país. Este plan incluye tres reformas estructurales y un cambio de enfoque en el control de fronteras.
Primero, reformaremos la Policía Nacional del Perú (PNP). Incrementaremos su número de efectivos de 133 mil a 250 mil en cinco años. Aumentaremos los detectives —personal especializado en investigación criminal— de 7 mil a 25 mil. Crearemos una división especial para investigación y un grupo de inteligencia enfocado en desarticular bandas del crimen transnacional. Retiraremos a los policías de tareas de tránsito, custodia de infraestructura y labores administrativas para destinarlos exclusivamente al patrullaje. Facilitaremos el ingreso de licenciados del servicio militar y profesionales a la institución.
Segundo, impulsaremos una reforma del INPE. Combatiremos la corrupción interna y el hacinamiento carcelario mediante la construcción de 24 nuevos penales, en dos fases: 12 inicialmente. Estas instalaciones serán administradas temporalmente por el sector privado mientras se implementa la reforma. Separaremos a los internos según su peligrosidad y destinaremos parte de las nuevas cárceles a máxima seguridad. En los penales existentes, reforzaremos la vigilancia con apoyo de las Fuerzas Armadas e inteligencia interna. Premiaremos a las localidades que acepten la construcción de penales, como sugirió el exviceministro de Justicia Erasmo Reyna.
Tercero, reformaremos el sistema de justicia. Reduciremos la sobrecarga judicial mediante tecnología e inteligencia artificial, como propone el abogado Miguel Estela. Agilizaremos los concursos pendientes en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y crearemos cortes macroregionales, siguiendo la propuesta del expresidente del TC Ernesto Álvarez. Estableceremos cadena perpetua para fiscales, jueces, policías o militares que colaboren o integren el crimen organizado.
El control fronterizo será prioritario. Expulsaremos a cabecillas del crimen transnacional. Para liberar a la PNP de tareas adicionales, duplicaremos el número de soldados de 30 mil a 60 mil, aumentando su propina al sueldo mínimo. Ellos reforzarán la seguridad en fronteras.
Incrementaremos en 150 % el presupuesto en seguridad. Instalaremos 2 000 módulos de seguridad ciudadana en zonas con alta criminalidad, además de una comisión técnica de apoyo al gasto municipal. Se realizarán redadas permanentes con las Fuerzas Armadas, respaldadas por el Poder Judicial. Si es necesario, se aplicarán decretos de urgencia o estados de emergencia. Todo se implementará simultáneamente y con el liderazgo de un gobierno legítimo elegido por el pueblo.
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