Agenda Social de la minería ancestral y artesanal en Perú
La pequeña minería, ancestral y artesanal debe hacer girar alrededor de 600 mil familias peruanas cuando menos -algunos afirman el triple- y curiosamente extraen la mitad del mineral del país versus la gran minería moderna. En el sur mucho de este mineral termina en Bolivia y otra parte, mencionan testimonios desde Apurímac, que va a China a modo de tierra casi sin procesar incluso. Es decir, el hecho de vivir de espaldas o criminalizando a todo éste espectro significa cuantiosas pérdidas sociales y económicas para la patria.
Es decir, el potencial impacto económico que podría generar se pierde para el país en su conjunto, pero para los extractores también, pues terminan siendo devorados por intermediarios y presas de esquemas delictivos de chantaje o usura. Aquí debemos discutir la necesidad de impulsar certificaciones con veeduría estatal, a cambio de formalización, para evitar que se malbaratee la venta de los productores en cuánto fundamentalmente a la “ley” de su materia, del mineral extraído, que ocurre cotidianamente. Los pequeños productores, los que extraen no son los beneficiados por la informalidad. Ojo con eso.
Pero también el impulso audaz en provincias claves cómo Condesuyos, en Arequipa o en San Antonio de Putina en Puno, de una planta de procesamiento ambientalmente aceptable por circunscripción, orientada a trabajar con los pequeños artesanales, que deben ser capacitados en enfoques asociativos. Definitivamente, la reducción de los trámites y requisitos -y la persecución a la extorsión corrupta de funcionarios públicos- en éste nuevo esquema de formalización alrededor de los Gobiernos locales y regionales es ineludible. Gran parte del problema es la corrupción de las gerencias regionales relacionadas al asunto extractivo. Naturalmente, esta formalización debiera incluir la suspensión de algunas moratorias y un período de gracia de 3 años de no tributación; en donde además podamos liberar del IGV la compra de maquinaria y equipamiento. Hay que liberar y apoyar el potencial productivo, pero poniendo requisitos claves.
Propongo que abramos el debate amplio de un esquema de financiamiento rotativo o, incluso, a través de un “banco minero” en este punto. El apoyo decidido del Estado a la consolidación de este sector -y por ende la reducción paulatina de su impacto ambiental negativo por el uso de la tecnología- nos dará la autoridad para abordar el reto del ordenamiento de las circunscripciones pasibles de ser trabajadas, un asunto hoy sumamente desordenado y caótico y además la mejora laboral de su mano de obra.
La minería popular, ancestral, artesanal es importante y los mineros en su inmensa mayoría están en la perspectiva de formalizarse siempre y cuando el Estado pueda plantear un esquema de formalización popular y realista. Incluso ellos podrían ser claves en el apoyo contra el combate de aquellos pocos grupos que han cruzado la barrera de lo delictual, que son la inmensa minoría. En las siguientes semanas desde las sesiones presenciales “Agenda Social y en APRA” tocaremos estas cuestiones, en donde la idea fuerza de la “reforma minera” estoy seguro que tendrá eco.
Destaco en la lucha por abordar esta problemática social y económica el trabajo de la Confederación de Pequeños Productores Mineros y Artesanales del Perú (CONFEMIN) y su Presidente Máximo Franco Becker que viene buscando el diálogo permanente con el Ejecutivo y el Parlamento.
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