Adelanto de elecciones

No creo que exista nada más exigible a cualquier persona, en sus cabales, que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Entre los actos humanos de mayor importancia, aunque muchos no tengan noción de ello, está el de elegir a las autoridades, es decir a aquella minoría de personas que por un tiempo dado tomarán decisiones en nombre y representación de la mayoría.

Obviando la discusión sobre las innegables irregularidades que mancharon, de inicio a fin, el último proceso electoral general (el de 2021) lo primero que se viene a la mente es que si, supuestamente, una mayoría escogió al inepto, presunto corrupto y golpista Pedro Castillo como presidente de la República y a 130 congresistas distribuidos en diez bancadas, varias de ellas total o parcialmente aliadas a la primera mayoría relativa (37 integrantes) del grupo oficialista, pues hay que hacerse a la idea, asumir, que –salvo separación del cargo por falta personal en que incurrieran tales funcionarios electos- los tendrán como autoridades por cinco años.

No solo es costoso en términos crematísticos un proceso electoral general sino que un año electoral es un año de incertidumbre, más aún en un país como el Perú en el que compiten por el poder no dos o cinco sino quince o veinte organizaciones políticas. Por ello es que, sabiamente, la Constitución y la ley prevén, respectivamente, mecanismos de sucesión al interior de una plancha presidencial y el reemplazo por accesitarios para las curules congresales.

Luego del breve golpe perpetrado por P. Castillo y su vacancia, asumió el cargo de presidente de la República su compañera de fórmula como vicepresidenta de la República. Solo queda esperar que Boluarte se dé cuenta que le conviene al país y a ella misma honrar el cargo. Hasta el momento ella es pura vacilación.

Los que han demostrado empuje, rayano en la desvergüenza, son quienes blindaron a Castillo frustrando por meses su vacancia y arrastrando al Congreso de la República a la sección “que se vayan todos”; estos hoy generan violencia exigiendo la renuncia de Boluarte pero se aferran a su silla congresal.

Gracias a estos defensores del mal chotano, propuestas pragmáticas para adelantar elecciones generales al 2024 y al 2023 no han logrado la votación calificada requerida para una solución similar a la que se tuvo en octubre y noviembre del año 2000 y que significó añadir dos disposiciones especiales transitorias a la Constitución Política vigente. También han bloqueado se mantenga abierto el debate en lo que resta del año legislativo.

Así son las cosas.