Acoso inexcusable y que debe ser erradicado

En los últimos años se ha intensificado –y hay incluso cierta prensa que pretende normalizarlo– una suerte de persecución y acoso contra personas que ejercen cargos de representación popular, especialmente congresistas de la República, que no solo no cuentan con el personal y aparato logístico de seguridad con que sí cuentan ministros de Estado, jueces y fiscales supremos, altos funcionarios de organismos constitucionalizados e incluso gobernadores y alcaldes, por no mencionar al jefe o jefa de Estado.
Desde el patético y manido argumento de “comes de nuestros impuestos”, espetado muchas veces por quienes incluso son omisos al pago de tributos y que, de inicio, implica la negación abusiva de méritos y servicios efectivos prestados por el acosado, hasta los recientes “eres mala persona” o “apruebas malas leyes”, con que hace unos días una adulta mayor hostigaba vociferante a una joven congresista que se encontraba en un lugar abierto al público en pleno día y que no solo ha dedicado sus mejores años para estudiar y hacerse profesional, sino que cuenta con el respaldo de miles de ciudadanos que la eligieron para tal función.
Debe descartarse de plano, aunque provoque otra cosa, responder la violencia verbal y gestual con similar violencia, pero algo debe hacerse para responder con severidad y, sobre todo, desalentar a quienes, como esa mujer de edad madura, se arrogan el poder de imponer, sin más, sus pareceres y opiniones, que, por más respetables que sean, no son única verdad ni tienen más valor que los pareceres y opiniones de miles de otros ciudadanos.
Tanto o más lamentable aún que la penosa conducta de quien agrede, es la de quienes presentan a la opinión pública los hechos con calificativos que buscan alabar y ennoblecer la violencia y, peor aún, hacerla imitable o emulable. Ante lo descrito, corresponde reiterar la invocación o invitación que suelo hacer para que todo aquel que se crea –y ojalá lo sea– mejor que aquellos que ostentan un cargo público de elección, en lugar de ser vociferantes y agresivos (muchas veces cobardemente agazapados en la aglomeración o el tumulto), decidan ingresar a la arena política, afiliarse a un partido político, lograr una postulación, hacer campaña proselitista y vencer en el proceso electoral.
Mientras tanto, cabe analizar la posibilidad de establecer una normativa legal que proteja los derechos fundamentales de quienes han ingresado en la política activa, que no desaliente el ingreso de más y mejores personas y castigue la desfachatez de quienes creen que tienen derecho a agredir a los demás.

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