Acción política contra el crimen

El crimen organizado y transnacional ha debilitado la autoridad del Estado y rebasado su capacidad para garantizar la seguridad de los peruanos. Las redes criminales han expandido su alcance, colándose por nuestras fronteras y vinculándose con bandas peruanas en actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, el sicariato, entre otras.
La inseguridad y la criminalidad han escalado en los últimos años. Un documento de 2016 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mencionaba que “a nivel de Lima Metropolitana, el 90 % de la población de 15 y más años de edad percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de algún hecho delictivo que atente contra su seguridad”. Esos datos reflejan el sentir del limeño durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando era ministro del Interior Carlos Basombrío, quien ahora se presenta como crítico y experto ‘segurólogo’.
En 2017, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encargada de monitorear los indicadores de delitos, mostró que el país con la mayor tasa de homicidios en América Latina era Venezuela, con 89 asesinatos por cada cien mil habitantes. Mientras tanto, Perú se encontraba entre los cinco países con menor tasa de asesinatos (7.7 por cada cien mil habitantes).
Ese mismo año, Perú empezó a recibir con los brazos abiertos a miles de inmigrantes venezolanos que huían en busca de un futuro de libertad. El movimiento migratorio fue desordenado y el Perú no se preocupó siquiera por conocer dónde se establecieron. Si bien llegaron cientos de miles de venezolanos de bien, bastaba un poco de sentido común para darse cuenta de que Maduro -con la G2 cubana- envenenaría nuestra sociedad con lo más tóxico, es decir, sus más avezados maleantes.
Hoy, 1.5 millones de venezolanos constituyen la comunidad extranjera más grande del Perú; en Lima se concentra más del 80%, siendo la ciudad con más venezolanos del mundo. Bastaba que un ínfimo porcentaje se vinculara a la criminalidad para que llegara el caos y el terror.
Cinco peruanos son asesinados diariamente, buena parte de ellos por venezolanos. Hasta el jueves de la semana pasada se registraron 1,493 asesinatos, lo que llevará a que superemos los 1,413 del año pasado. Más que marchas, toca ser propositivos y apoyar a la Policía Nacional, que sufre prisión cuando abate a una de esas lacras, armadas y en flagrancia.
El Perú y el gobierno de Boluarte se enfrentan a un poder con una inmensa capacidad de generar riqueza vía acciones ilícitas y con capacidad de infiltrar las instituciones estatales. El fortalecimiento de las instituciones judiciales y policiales es clave para frenar y debilitar a esas bandas.
Recuperar la autoridad del Estado es un proceso complejo que requiere una combinación de factores: reformas institucionales, una estrategia integral que ataque las finanzas criminales, el uso de tecnología avanzada y, sobre todo, una fuerte voluntad política. Boluarte debe entender que su respuesta al crimen es política.

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