Abogados instan al Colegio de Abogados que asuma su defensa

Ante el grave problema de extensión nacional del incumplimiento de los plazos procesales en que incurren los magistrados (jueces y fiscales), abogados egresados de la Facultad de Derecho de San Marcos –docentes cesantes de esa Facultad– se han dirigido a la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima para que conjuntamente con todos los Colegios de Abogados del Perú propicien la rectificación del mencionado grave problema que afecta a los justiciables y también a los letrados que ejercen la defensa.

Han sugerido la realización de un congreso nacional para tratar la situación y que luego el Colegio de Abogados proponga al Estado la integración de una comisión compuesta por entidades públicas y privadas con la intervención del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.

Seis profesores cesantes, algunos profesores extraordinarios, el 18 /04/2022 han presentado una carta formal al Decano del Colegio de Abogados de Lima exponiéndole el problema de nivel nacional sobre falta de cumplimiento de los plazos procesales en acciones judiciales que afecta la oportuna administración de justicia, lo que urgentemente debe rectificarse.

Dicen en su carta que: “la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial norman la administración de justicia, asignándola, con exclusividad e independencia, a abogados dedicados al ejercicio profesional como servidores públicos, con la dignidad de magistrados jueces y fiscales, que son decorosa y puntualmente remunerados por el Estado” (SIC).

“Su accionar está regulado por normas procesales de obligatorio cumplimiento [ … ]. A pesar de ello, los magistrados incurren reiteradamente en incumplimiento de los plazos procesales que suelen devenir en indeterminados, causando grave afectación a la justicia y las partes intervinientes, además de posibilitar lamentables ocasiones de corrupción” (SIC).

Los abogados remitentes de la carta a su Decano del CAL. han resumido uno de los más graves problemas nacionales en un Poder del Estado –el Judicial– que a pesar de tener unidad, exclusividad e independencia para administrar justicia (Artículo 139° de la Constitución) sus integrantes –también profesionales abogados– no superan la dilación en la tramitación de los procesos judiciales a su cargo. Semejante situación hay en el Ministerio Público.

Las excusas varias (que la exponen en resoluciones) es un problema que se da en un Poder del Estado que está en la obligación legal, moral y laboral de resolverlas. Todos estos hechos pueden ser estudiados en un Congreso Nacional de Colegios de Abogados, como se sugiere en la carta mencionada. Obviamente los justiciables también pueden exponer sus problemas al respecto.

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