Abogacía y derecho fundamental

Desde que apareció el derecho, las normas han tenido la misión de establecer el orden y la paz, sancionando al infractor y a todo aquel que busque transgredir o vulnerar la ley; si bien es cierto, no poseemos un código que premie al ciudadano que cumpla con la norma, pero sí poseemos códigos que sancionan y castigan a quienes cometen actos ilícitos y se dejan llevar por la rienda de la injusticia. De este modo, apreciamos que el derecho, en su aspecto más fundamental, establece cierto control y parámetros a la ley, la cual no puede superar jamás, los mismos alcances que su esencia le permite; toda norma, ha de tener un espíritu propio, distinguido por la meta de buscar prevalecer siempre el orden sobre la sociedad, razón por la cual, se pretende lograr concretar en un estado de derecho, su aplicación y el acatamiento de los que viven dentro de una sociedad.
En las aulas universitarias hemos adquirido muchos conocimientos respecto a las normas, pero no nos enseñaron qué es el derecho fundamental, aquel que señala e indica lo que es un Estado de Derecho, en torno al cual gira el orden constitucional, lo cual -precisamente- hace que las normas tengan el imperioso cometido de ser acatadas y de respetar el fundamento constitucional, como la máxima jerarquía y esencia del derecho. El derecho fundamental debe marcar la regla y asumir la conducta de lo que se respeta, pues el cumplimiento del control y orden que la Constitución consigna, se sumará al factor decisivo para ejercer una buena democracia, la cual nunca se debe imponer mediante la fuerza, sino mediante la justicia y la ley, la misma que debe buscar el bien común y no la arbitrariedad, que el Estado ejerza de manera correcta su soberanía y no la tiranía, pero todo esto solamente se puede lograr si constitucionalmente obedecemos y acatamos lo que la norma fundamental establece.
La norma constitucional, al igual que todo el conjunto de reglas que contenga nuestra carta magna, siempre estará por encima de las otras leyes, tal como enseña la pirámide kelseniana, para que toda la acción se logre aplicar de manera efectiva y correcta, haciendo que todo el rigor y peso de la ley, logre anteponerse sobre las injusticias y las acciones ilícitas que nunca faltan en una sociedad como en la que vivimos; en la constitución se encuentran nuestros derechos fundamentales y deberes, los cuales guardan amplia concordancia con los Derechos Humanos y con los principios generales del derecho; además, cuando estamos ante una norma constitucional, automáticamente debemos saber que esta norma está por encima de todas las leyes, de todo el ordenamiento jurídico, lo cual se tiene que hacer prevalecer siempre. Nuestra Constitución Política es continente de los más altos grados y de la escala de valores filosóficos, sobre los cuales se sostiene no solo la carta misma, sino también el derecho mismo, pues si existe un ideal o un valor supremo que sobrepasa la aplicación del derecho en aras de hacer siempre lo correcto, es la justicia.
Como profesionales del derecho y operadores de la justicia, es nuestro deber primordial obedecer la Constitución y las leyes, empleando nuestro buen juicio, la lógica y -sobre todo- la razón; no debemos olvidar que tanto la norma como su aplicación reposan sobre ideales abstractos, pero que tienen que realizarse al momento de aplicar la justicia o hacer respetar un derecho, sin olvidar que prometimos o juramos defender las causas justas, para lo cual debemos estar bien preparados y dispuestos a cumplir con la ley y el orden.