8vo Mandamiento: “No darás falso testimonio, ni mentiras”

Siendo consecuente con las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica ha seguido el mandato de Jesús de guardar los 10 Mandamientos de la ley de Dios, es decir, el decálogo que Dios dio a Moisés en el Monte Sinaí.
El día 13 de agosto de 2024, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana hizo público un Comunicado pidiendo la derogación urgente de la Ley N° 32107, que modifica la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que en su primer párrafo manifiestan “su profundo desconcierto y decepción, porque de esta manera una vez más, con esta decisión se está sacrificando el respeto a la vida...”. Con esa expresión, los obispos mienten a propósito.
Según la Biblia: “No darás testimonio falso contra tu prójimo” (Ex. 20, 16).
“Se dijo a los antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos” (Mt. 5, 33). De acuerdo con este mandamiento, Dios prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios, que quiere la verdad. Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud moral y son infidelidades básicas frente a Dios y, en este sentido, socavan las bases de la alianza entre Dios y el pueblo cristiano.
Solamente para hacerles recordar a los obispos que, según el Informe de la Comisión de la Verdad, la violencia política iniciada por los terroristas del PCP-SL el 17 de mayo de 1980, alcanzó también a miembros e instituciones de la Iglesia Católica Peruana. Su primera víctima fue el sacerdote ayacuchano Víctor Acuña Cárdenas, quien fue asesinado en 1987 mientras celebraba misa en la parroquia Magdalena, de la ciudad de Huamanga, Ayacucho. En 1989, elementos subversivos dinamitaron “Radio Quillabamba”, dirigida por padres de la Orden de los Dominicos, a través de la cual realizaban una labor de servicio social apoyando a organizaciones populares, cooperativas e instituciones sociales.
El 21 de mayo de 1989, el local del Instituto de Educación Rural de la Prelatura de Ayaviri, en Puno, entidad dedicada a dar formación agropecuaria a campesinos, fue destruido en un atentado terrorista. El 16 de junio de 1989, una columna subversiva que ingresó al distrito de Huaripampa, provincia de Jauja (Junín), dio muerte al sacerdote Teodoro Santos Mejía, párroco de la iglesia de dicha localidad.
El 7 de febrero de 1990, Reynaldo Sáenz, párroco del distrito de Izcuchaca, departamento de Huancavelica, fue interceptado y acribillado por cuatro terroristas cuando se dirigía a la ciudad de Huancayo. El 27 de septiembre, la religiosa de la Congregación de las Hijas del Buen Pastor, Agustina Rivas López, fue asesinada en la Misión de la Florida, perteneciente al Vicariato Apostólico de San Ramón, en el distrito de Huasahuasi, provincia de Chanchamayo (Junín). Tres días después, en la misma localidad, senderistas ejecutaron a Sor María Luisa Obregón cuando trataba de evitar que mataran a un grupo de pobladores.
En 1989 arribaron al Perú los sacerdotes Zbigniew Adan Strzalkowski y Miguel Tomaszek, ambos de nacionalidad polaca, con el propósito de fundar el primer convento de su orden, la Congregación de Franciscanos Conventuales de la provincia de San Antonio de Cracovia (Polonia). Alessandro Dordi, de nacionalidad italiana, fue asesinado en 1991 por Sendero Luminoso en Áncash. Todos ellos fueron beatificados el 5 de diciembre de 2015 en Chimbote con asistencia de varios obispos que actualmente integran la Conferencia Episcopal Peruana.
Sin embargo, 1991 fue el año en que se registró la mayor cantidad de atentados mortales contra miembros de la Iglesia. En ese tiempo, terroristas del PCP-SL asesinaron a cinco religiosos de nacionalidad extranjera, los mismos que trabajaban con la población más necesitada en áreas marginales o rurales.
Para conocimiento público, en el período 1980-1992 habrían sido asesinados 529 evangélicos por parte de los terroristas de SL. De dicho total, 424 víctimas corresponden al departamento de Ayacucho (Huanta y La Mar), que en su gran mayoría pertenecían a la comunidad evangélica de los presbiterianos y pentecostales.
Con el pronunciamiento del actual Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, se demuestra su absoluta deslealtad, ingratitud, traición y perfidia por sus propias víctimas integrantes de la Iglesia Católica que ofrecieron su vida por los más necesitados en una tarea evangelizadora muy importante en esa época y que fueron asesinados sin piedad por los terroristas de Sendero Luminoso.
Con ese pronunciamiento, los obispos del Perú le dan las espaldas a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y a sus respectivas familias, evidenciando que su ideología está primero que los principios que Dios les encomendó. Por lo tanto, esta fractura entre dos instituciones tan importantes en la historia del Perú será muy difícil de restablecer, porque ese desconcierto y decepción nos llega a todos los que creemos en Dios y la Virgen María, y vemos que sus líderes están denigrando una religión que poco a poco va perdiendo creyentes justamente por culpa de sus líderes, que están cambiando la finalidad de la Iglesia Católica por un interés personal y no cumpliendo la razón principal para la que fue creada.
¡No se pide impunidad, se pide justicia en honor a la verdad!

Por GRAL DIV EP Ronald Hurtado Jiménez

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