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La cifra que titula este artículo registra el número de venezolanos que sufragarán mañana domingo en el Perú, donde viven un millón 450 mil personas de esa nacionalidad, de las cuales 900 mil son mayores de edad y deberían votar en los comicios presidenciales.
Sin embargo, no lo harán, por las tramposas restricciones impuestas por el régimen de Maduro.
En Colombia sucederá lo mismo: de un millón y medio calificados para votar, sólo 7,012 han sido autorizados; y, en Chile, de 350 mil, 2,659.
En ese contexto, un estudio de las Naciones Unidas informa que de 4 millones 500 mil venezolanos en el exterior, accederán a las urnas 69,652, una cifra escandalosamente diminuta.
El fraude oficialista también comprende calumnias, insultos, chantajes y encarcelamiento de los comandos de campaña del candidato González Urrutia, a quienes acusan de preparar un magnicidio y de planear la destrucción de las centrales de electricidad, imputaciones absolutamente falsas y descocadas que solo proyectan la desesperación chavista.
Ante estas maniobras delictivas, la comunidad internacional está reaccionando con vigor.
Así lo han hecho los mandatarios de Ecuador, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Guatemala, Brasil y el Perú, exigiendo elecciones limpias y el cese de la represión, repudiando el maligno chantaje de Maduro de que habrá “un baño de sangre” si no gana los comicios del domingo.
Ante ello, el ministro González Olaechea calificó esas bravatas de “viles” y nuestra Cancillería demandó el cese de “toda amenaza, hostigamiento, represión y detenciones arbitrarias”.
Los 27 países de la Comunidad Europea, por su lado, repudiaron que no permitan enviar una misión de observadores para supervisar los comicios, pero no han podido impedir que viajen parlamentarios del viejo continente para cumplir esa tarea, como también harán legisladores de la región.
Por su parte, el mandatario argentino, Javier Milei, ha reactivado la solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investiguen al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad; una petición hecha en 2018, conjuntamente con Chile, Colombia, Paraguay y el Perú.
La demanda ante la CPI se sustenta en el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que denunció al régimen chavista por la autoría de más de 7 mil asesinatos y también se apoyó en un reporte de 489 páginas preparado por la OEA advirtiendo la existencia “de patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas con el objeto de aterrorizar a la población”.
El contundente dictamen de la OEA identificó 8,292 casos de ejecuciones extrajudiciales y más de 12 mil detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos contra millares de personas, civiles y militares.
La respuesta de Maduro ha sido calificar a Milei de “oligarca fascista, malparido”, expresiones que proyectan su estado psicótico, acentuado al conocer las proyecciones de las empresas encuestadoras. Meganálisis otorga a González Urrutia 72% de intención de voto frente a 14% del candidato oficialista; Hercón, 68.4% a 27%; Datincorp 50% a 18% y Delphos 59.1% a 24.6%.
A pocas horas de los comicios, el chavismo ha puesto en marcha su maquinaria represiva, especialmente para destruir a la lideresa María Corina Machado, a quien temen por su enorme popularidad y por eso la persiguen con crueldad, atacando a sus partidarios y saboteando los automóviles de su comitiva.
Mañana, 28 de julio, es un día clave no solo para Venezuela sino para las naciones occidentales, porque está en juego la libertad, la democracia y los derechos humanos. En la otra orilla, al lado de Maduro, se encuentran las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Corea del Norte e Irán. La batalla política, en suma, es entre autocracia y democracia.

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