21 años de vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
El Estatuto de Roma es el tratado constitutivo que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI) -con sede en La Haya, Países Bajos-, y fue hecho en la histórica capital italiana, el 17 de julio de 1998. Entró en vigor un día como hoy, el 1 de julio de 2002, al completarse las 60 ratificaciones exigidas. La Corte es la única instancia punitiva supranacional de alcance planetario con que cuenta la humanidad. Conviene precisar que la CPI no es parte ni depende de la ONU –solo se debe a la Asamblea de los Estados Parte que es su órgano legislativo- y juzga y condena a personas por denuncias, generalmente actores con relevante poder político nacional.
A la fecha, son muy pocos los jefes de Estado o expresidentes, sean autócratas, dictadores, etc. -para la Corte esas calificaciones son irrelevantes-, que han sido acusados ante la CPI: Muamar Gadafi de Libia que en 2011 fue imputado de que sus fuerzas mataran con disparos a centenares de personas en la ciudad de Bengasi, ocasionando que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la Resolución 1970 en 2011, pidiendo a la CPI abrir una investigación que originó la denuncia y su detención; Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, fue condenado por delitos contra la humanidad luego de verificarse la muerte de más de 3000 personas en 2011; Omar al-Bashir, expresidente de la República de Sudán, fue acusado de crímenes de lesa humanidad -asesinato, violación, etc.-; Slobodan Milosevic, que gobernó Serbia por 13 años, y Yugoslavia por 4, una vez derrocado en 2001 fue juzgado por crímenes de guerra y genocidio, cerrándose su caso al ser hallado muerto en su celda en La Haya; Jean Kambanda, exprimer ministro de Ruanda, fue condenado en 1998 por el delito de genocidio -cerca de un millón de personas-; en nuestra región, a Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, la CPI le abrió una investigación en 2021 por crímenes de lesa humanidad desde 2017; y, finalmente, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fue denunciado en 2021, también por crímenes de lesa humanidad durante las protestas sociales de 2019.
El Estatuto consagra la individualización de la responsabilidad penal, constituyendo un legado directo de los históricos juicios de Núremberg (1945-1946) contra los criminales nazis por el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El Estatuto, con 128 artículos, consagra los principios “Nullum crimen sine lege” (el delito debe estar señalado en la ley) y “Nulla poena sine lege” (el condenado solo puede ser penado como ordena la Corte).
El Perú es Estado parte desde el 2001, y a la fecha, 124 países lo han ratificado. Finalmente, solo se acude a la CPI cuando el Estado no quiere o no puede juzgar, o ha resultado injusto en su sentencia en el sentir de los afectados, es decir, únicamente se encausa una denuncia ante la CPI por el principio de complementariedad.
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