202 años: desafíos de la Cancillería

Hace 202 años, el 3 de agosto de 1821, a los seis días de la proclamación de nuestra independencia, el Libertador José de San Martín constituyó las bases formativas del nuevo gobierno republicano, creando las secretarías de Relaciones Exteriores, Guerra y Hacienda, nominadas ministerios a partir de 1823.

Desde esa época, el trabajo de la Cancillería ha sido determinante para afirmar la identidad nacional y resguardar los intereses permanentes de la nación, salvo tiempos de oscuridad, como los diecisiete meses del gobierno kakistocrático de Castillo, que desplazó nuestra política exterior hacia el siniestro bloque chavista.

Cuando rememoro este aniversario, evoco a los embajadores José Luis de Cossío Ruiz de Somocurcio, padre de mi esposa, y a Felipe Valdivieso Belaunde, viceministro durante mi gestión como canciller, con quienes tuve el compromiso de luchar desde la tribuna parlamentaria para anular la inconstitucional destitución de 117 diplomáticos, infausto episodio ocurrido el 29 de diciembre de 1992.

Con esa determinación asumí el año 2001 la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y tres meses después aprobamos un dictamen multipartidario para reincorporar a los funcionarios cesados, objetivo que se logró a través de la Ley 27550.

Otro logro fue impulsar un dispositivo legal, incorporado después al artículo 69 de la Ley del Servicio Diplomático –N.º 28091– que introdujo la cláusula democrática con el texto siguiente: “Los jefes de Misión en embajadas, consulados, representaciones ante organismos internacionales o cualquier representación del Estado en el exterior, deberán presentar su inmediata renuncia en caso se constituya un Gobierno usurpador”. De esa manera, se enviaba un potente mensaje a gobiernos extranjeros y organismos multilaterales repudiando a los regímenes de facto.

Muchas veces conversé con los embajadores de Cossío y Valdivieso Belaunde sobre la necesidad de que la Academia Diplomática tuviera los mismos derechos que las universidades para otorgar grados y títulos de la carrera y el grado de Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Ese objetivo fue cumplido a través de la Ley N.º 28598 del 14 de agosto de 2005, iniciativa legislativa por la cual fui distinguido con el rango honorífico de Profesor Emérito de la Academia Diplomática del Perú.

Este esfuerzo parlamentario para fortalecer nuestra política exterior nos condujo a impulsar la incorporación del Perú a la Corte Penal Internacional, y a la aprobación de las leyes de Asilo Político y Refugio, disposiciones determinantes para fortalecer el derecho humanitario como una categoría superior en las relaciones de los Estados.
Cierro estas reflexiones recordando que gracias al esfuerzo conjunto de la Cancillería y del Congreso hicimos realidad la iniciativa del presidente Alan García de presentar la demanda contra Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, cuya sentencia sobre límites marítimos nos permitió ganar 50,000 kilómetros cuadrados de masa oceánica.

La lección que deja estos hechos es que sólo a través de la unidad nacional, afirmada en principios y valores, nuestro servicio seguirá avanzando, a pesar del sombrío panorama hemisférico por el avance de regímenes dictatoriales que violan sistemáticamente los derechos humanos, como ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela o por amenazas como la insana propuesta del agitador cocalero Evo Morales que pretende crear la República Independiente del Sur, recortando territorios del Perú, Chile y Argentina.

Vivimos tiempos aciagos, impredecibles, de un absoluto desorden, donde los principios rectores de las Naciones Unidas han sido violentados en múltiples oportunidades. Rusia, uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad, y en tal condición garante del orden internacional, ha invadido Ucrania, bombardeando viviendas, hospitales y colegios, matando a centenares de civiles y militares para doblegar la heroica resistencia del pueblo ucraniano. Además, ha contratado un batallón de mercenarios –el Grupo Wagner–para asesinar a quienes ofrecen resistencia y amenaza lanzar bombas nucleares.

Sin embargo, esta pérfida y criminal política cuenta con el servil apoyo de algunos gobiernos latinoamericanos que, inclusive, han ofrecido sus territorios para que entrenen las fuerzas armadas de Putin.

¿Algo podemos hacer ante este nuevo holocausto?

Sí. Denunciarlo en todas las tribunas diplomáticas y no seguir comprando armas ni repuestos de procedencia soviética porque, de hacerlo, saboteamos las sanciones impuestas por las democracias occidentales y alimentamos la economía rusa.

Torre Tagle debe estar alerta para responder ante estos retos, que sólo podrá arrostrar mediante políticas concertadas de alto nivel.

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