10 de enero, día decisivo
El 10 de enero se pone a prueba principios y valores democráticos defendidos, con vigor, por 14 países del Grupo de Lima y 36 naciones europeas, que tacharon de fraudulento el proceso electoral que el 2018 prorrogó el mandato de Maduro hasta el 2025, como igualmente el año anterior calificaron de farsa la “elección” de una Asamblea Nacional Constituyente 100 % oficialista.
A través de diversos pronunciamientos, el Grupo de Lima ha fijado un rumbo claro a la diplomacia continental, una línea ética, denunciando los sistemáticos atropellos del régimen chavista, política que ha sido respaldada por la comunidad europea y por las comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas y la OEA.
El drama venezolano se inicia en febrero de 1999, cuando el comandante Hugo Chávez asume la jefatura de Estado por cinco años, pero cambia la Constitución y mediante sucesivas reelecciones amañadas se mantiene en la presidencia 13 años, hasta que muerte el 5 de marzo de 2013.
En esa fecha, toma la posta su vicepresidente Maduro, quien acentúa la represión, la pobreza, la corruptela, provocando una catástrofe humanitaria y el éxodo de cuatro millones de personas, que emigran en búsqueda de comida, medicinas, seguridad y de una inflación superior a un millón 300 por ciento.
Lo real es que, ahora, por lo menos 50 países no reconocen a Maduro como jefe de Estado ni tampoco a la caricatura de Asamblea donde prestará juramento.
Ante ello, la primera respuesta del Grupo de Lima deberla ser retirar sus embajadores de Caracas, limitando las relaciones a nivel consular, porque, de no hacerlo, no solo legitimarían una dictadura cada vez más corrupta y violenta, a la que han denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad; es decir, por asesinatos, torturas y encarcelamientos de opositores.
Por lo pronto el canciller y vicecanciller del Perú, embajadores Popolizio y de Zela, han marcado la pauta pronunciándose por el rompimiento o suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano, decisión de alto valor democrático que recuerda la llamada doctrina Betancourt, impulsada en 1959 por el mandatario venezolano Rómulo Betancourt, que planteó separar de la OEA y romper vínculos con regímenes dictatoriales.
El Grupo de Lima también debería insistir en que se aplique la Carta Democrática a Venezuela y a Nicaragua; exigir a los organismos multilaterales de crédito –BID o Banco Mundial– que no otorguen préstamos al régimen chavista; prohibir la circulación de Maduro y camarilla en nuestro espacio geográfico, congelando los activos que se encuentren, como han hecho los europeos y Estados Unidos.
En otras palabras, mano dura y asilamiento internacional a un gobierno fascista que demuestra absoluto desprecio por la vida de sus compatriotas y escarnece los principios democráticos.
