Zamir Villaverde obstaculiza orden del TC y se enfrenta a PNP en Cañete: detalles de la confrontación
Máximo intérprete de la Constitución ordenó a su empresa retirar portones que impiden libre tránsito.
La ejecución de una orden del Tribunal Constitucional (TC) volvió a convertir a Zamir Villaverde en protagonista de un episodio de tensión pública.
Este viernes 5 de diciembre, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una jueza de Cañete llegaron hasta el kilómetro 125.1 de la Panamericana Sur para retirar los portones y muros instalados por la empresa Villaverde Company SAC, los cuales bloquearon el acceso a la playa Los Lobos, en Cerro Azul.
Sin embargo, la diligencia derivó en una confrontación que dejó al menos un detenido: un agente de seguridad vinculado al propio Villaverde.
La intervención había sido reprogramada por el Poder Judicial para esta jornada, con el fin de ejecutar la sentencia del TC que ordenó liberar la vía pública, afectada por estructuras levantadas por la compañía del empresario.
La presencia policial formó un cordón de seguridad para garantizar la actuación de la magistrada y de los funcionarios municipales de Cañete.
En medio del tumulto, el oficial a cargo afirmó ante las cámaras: “Nuestra presencia es para que se ejecute una diligencia judicial”, en respuesta a los cuestionamientos del propio Villaverde.
El empresario, en varios momentos, se acercó de manera desafiante al personal policial y discutió con los agentes que intentaban avanzar en el retiro de las estructuras.
La tensión escaló cuando su personal de seguridad intentó bloquear el paso de la comisión judicial, lo que desencadenó forcejeos y la posterior detención de uno de ellos.
Caso Zamir Villaverde: qué ordenó el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional resolvió un habeas corpus presentado en 2023 por los ciudadanos Jaime Mario Lature y Beatriz Isabel Zorrilla, quienes denunciaron que Villaverde Company SAC instaló portones que impedían el libre tránsito vehicular y peatonal hacia sus viviendas en la zona de Playa Los Lobos.
El máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda al concluir que esas barreras vulneraban el derecho al libre tránsito, protegido por el artículo 2 de la Carta Magna.
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En consecuencia, el TC ordenó a la empresa retirar los tres portones y cualquier otra estructura que interrumpiera el acceso público.
La sentencia también dispuso que las autoridades locales coordinaron el operativo para ejecutarla, lo que derivó en la llegada de la comitiva policial y municipal este viernes.
Esta fue la segunda intervención en menos de dos semanas: el pasado 26 de noviembre, funcionarios de Cerro Azul y la PNP ya habían intentado iniciar el retiro de las estructuras, aunque sin lograr culminar la diligencia debido a impedimentos en el terreno.
Un historial de conflictos y denuncias
El episodio de este viernes se suma a una serie de controversias protagonizadas por Zamir Villaverde en los últimos años, muchas de ellas vinculadas al control de accesos en propiedades o condominios del sur de Lima.
En agosto, por ejemplo, un adulto mayor logró que un habeas corpus le devolviera el derecho a ingresar a su vivienda en el condominio Los Delfines, de donde Villaverde habría restringido el acceso incluso a su familia, según denunció el programa Cuarto Poder.
El afectado también lo acusó de hurto agravado tras reportar el robo de enseres de su vivienda.
La trayectoria del empresario está marcada por cuestionamientos desde hace más de dos décadas. En 1999, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) lo expulsó y degradó por “atentar contra el decoro y disciplina”.
En 2007, fue detenido como integrante de una banda que asaltó un local en Miraflores, y en 2009 recibió una condena de 10 años por robo agravado en Cañete.
A ello se sumó su encarcelamiento en 2022, cuando la Fiscalía lo investigó por integrar presuntamente una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo para concertar obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese proceso afirmó haber entregado S/ 100,000 al exministro Juan Silva.
Desde 2023, tras recuperar su libertad, Villaverde acumula nuevas denuncias policiales y sigue bajo investigación fiscal por presunta usurpación, corrupción, tráfico de influencias y hurto.
Además, continúa como apoderado de la empresa de seguridad Centinel (ex Vigarza), que registra órdenes de servicio con entidades públicas y mantiene procesos de lavado de activos.
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