TC vuelve a desestimar a IDL: consulta previa no es obligatoria para otorgar concesiones mineras
Al resolver el caso Palcawanka con seis votos a favor y uno en contra.
El Instituto de Defensa Legal (IDL), sufrió una nueva derrota en su persistente ofensiva judicial contra la minería en el Perú. En una sentencia dictada el 30 de junio de 2025 y dada a conocer esta semana, el Tribunal Constitucional (TC), reafirmó con seis votos a favor y uno en contra que el otorgamiento de concesiones mineras no obliga al Estado a realizar una consulta previa.
El TC fue categórico al establecer que “en el ámbito del sector minero, el solo otorgamiento de la concesión no activa el deber estatal de someter la referida medida a la consulta previa”. Este pronunciamiento retoma la línea jurisprudencial establecida en el caso Asacasi del 2023, donde se sostuvo que la concesión minera no constituye un acto administrativo que afecte directamente los derechos de los pueblos indígenas.
La única excepción que reconoce el Tribunal Constitucional es que la obligación de consulta previa podría activarse únicamente “en el caso particular de que aquel acto suponga una afectación directa a los pueblos involucrados”. En el proceso referido, el IDL no pudo demostrar la existencia de aquella afectación, lo que llevó a que su solicitud para declarar la nulidad de las concesiones del Consorcio Minero Palcawanka, ubicadas en Huancavelica, fuera desestimada.
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Asimismo, el TC enfatizó que el título de la concesión minera por sí solo no autoriza el inicio de actividades de exploración o explotación minera. Estas acciones requieren el cumplimiento previo de los requisitos legales y reglamentarios, entre ellos el derecho a la consulta previa, libre e informada, que debe respetarse en las instancias correspondientes y no en el momento del otorgamiento de la concesión.
A pesar de esta claridad del máximo intérprete constitucional, la inseguridad jurídica persiste en algunas regiones. Algunos juzgados locales han decidido contradecir el criterio del TC, dictando sentencias que generan confusión y posibles conflictos en el sector minero.
Un ejemplo reciente es la Sala Civil de la Corte Superior de Puno, que en octubre anuló las concesiones de la empresa Cal & Cemento Sur, a pesar de que la sentencia del TC sobre el caso Palcawanka ya había sido publicada. De igual modo, en junio pasado había dictado una medida similar contra la empresa Stone Wolf Mining, desafiando la jurisprudencia establecida.
Este escenario genera preocupación en el sector empresarial y pone en jaque la seguridad jurídica necesaria para la inversión en minería, uno de los motores económicos más importantes del país. Mientras tanto, el IDL deberá replantear su estrategia ante un Tribunal Constitucional que parece decidido a marcar límites claros en esta materia.
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