Subcomisión del Congreso aprueba informe final contra Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti: se abre nueva etapa en caso ‘Vacunagate’
Apunta a presunto uso indebido del poder para obtener beneficios personales en plena emergencia sanitaria.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final que acusa constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti por el presunto delito de concusión, en el marco del escándalo conocido como Vacunagate. La decisión fue adoptada con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, marcando un nuevo capítulo en las investigaciones sobre el uso irregular de vacunas experimentales contra la covid-19.
El documento aprobado sostiene que ambos exfuncionarios habrían aprovechado sus cargos públicos para acceder indebidamente a las dosis del ensayo clínico de Sinopharm en 2020, cuando el país atravesaba uno de los momentos más críticos de la pandemia. Según la acusación, Vizcarra habría solicitado vacunas para él y su entorno cercano mientras ejercía la Presidencia de la República, mientras que Mazzetti habría actuado de manera similar al frente del Ministerio de Salud.
Con la aprobación del informe, la SAC deberá remitir el expediente a la Comisión Permanente del Congreso, la cual tendrá que determinar si se forma una subcomisión acusadora encargada de sustentar el caso ante el Pleno. De prosperar el proceso, ambos exfuncionarios podrían enfrentar una sanción política y quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos.
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Durante la sesión, también se tomó la decisión de archivar otras denuncias constitucionales, entre ellas las presentadas contra las congresistas María Córdova Lobatón y Hilda Portero López, que fueron declaradas improcedentes. En paralelo, la subcomisión avanzó con las investigaciones vinculadas al expresidente Pedro Castillo y al exministro Walter Ayala, por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
El delito de concusión, base de la acusación, se configura cuando un funcionario público se aprovecha de su posición para exigir o recibir beneficios indebidos. Según el informe, tanto Vizcarra como Mazzetti habrían vulnerado el principio de igualdad ante la ley al beneficiarse con vacunas experimentales fuera del protocolo de investigación.
El caso Vacunagate estalló en febrero de 2021, tras revelarse que más de 400 personas, entre ellas funcionarios, familiares y allegados, fueron inoculadas con las dosis experimentales de Sinopharm antes de que comenzara la campaña nacional de inmunización. La controversia generó una fuerte indignación pública y derivó en la renuncia de Pilar Mazzetti y la destitución de la entonces canciller Elizabeth Astete, también vacunada de manera irregular.
La aprobación del informe por parte del Congreso reaviva el debate sobre la responsabilidad política y ética de las autoridades durante la pandemia, en momentos en que la ciudadanía exige mayor transparencia y sanciones efectivas frente a los abusos de poder.
De esta manera, el Parlamento da un paso más en el esclarecimiento de uno de los mayores escándalos sanitarios y políticos de los últimos años, mientras el país espera la decisión de la Comisión Permanente y un eventual pronunciamiento del Pleno que podría definir el futuro político de Vizcarra y Mazzetti.
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