La sentencia que el poder quiere olvidar: el secreto en la comitiva del presidente José Jerí

No es Patricia Chirinos. Aunque a veces aparece cerca, la verdadera sombra que acompaña al presidente interino José Jerí responde al nombre de Gina Gálvez Saldaña.

Discreta, pero siempre presente. Se mueve al lado del mandatario, lo flanquea en cada actividad oficial y lo sigue en sus salidas privadas. Nadie la presenta formalmente, pero tiene “carta libre” en Palacio de Gobierno: ingresa, sale, aconseja y, sobre todo, vigila de cerca al presidente.

Pero detrás de su cercanía con el presidente, Gina Gálvez carga con una sentencia judicial. En mayo de 2024, el Poder Judicial la condenó a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, además de cinco años de inhabilitación y el pago de S/108 mil de reparación civil por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, según reportaje de Karla Ramírez de Panorama TV.

“Condenar a la acusada Gina Ysela Gálvez Saldaña, en calidad de autora, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva...”, señala el fallo judicial.

El expediente tiene más de 200 páginas. En él, los jueces sostienen que Gálvez, siendo gerenta general del Gobierno Regional de Áncash, contrató de manera irregular a siete personas de su entorno laboral anterior, sin concurso ni proceso alguno.

“Actuó con dolo y pleno conocimiento de la ilegalidad”, reza la sentencia.

De Áncash a Palacio

La historia de Gálvez y Jerí se remonta al Gobierno Regional de Áncash, durante la gestión de Juan Carlos Morillo, uno de los principales cuadros de Somos Perú y allegado a Patricia Li, presidenta del partido. En ese periodo (2019–2020), Jerí trabajó en la Procuraduría y la Secretaría General, mientras que Gálvez fue designada gerenta general.

La gestión de Morillo fue sacudida por denuncias de corrupción, nepotismo y favoritismo político. Tanto él como varios de sus funcionarios enfrentaron procesos judiciales. Cinco años después, esa red de vínculos reaparece en la primera línea del poder nacional.

A pesar de la condena, Gálvez Saldaña no desapareció del Estado. En 2024, ya sentenciada, fue contratada como asesora de la Comisión de Descentralización del Congreso, con un sueldo de S/12,000 mensuales.

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La comisión es presidida por Ana Zegarra, también de Somos Perú, quien a su vez ha sido cuestionada por presuntas irregularidades en financiamiento de campaña.

Cuando José Jerí asumió la presidencia interina, Gálvez reapareció en Palacio. Sin despacho ni resolución oficial, ocupa un lugar privilegiado en el entorno presidencial, moviéndose entre los cordones de seguridad, indicando con gestos, susurrando consejos, y —según quienes la observan de cerca— influyendo en las decisiones.

La confianza presidencial

Los registros oficiales la muestran como “particular”, pero su cercanía con el presidente es notoria. Aparece a su lado en visitas públicas, actos protocolares y hasta en videos virales de TikTok. Siempre detrás, o al costado. Siempre observando.

“Gina no tiene despacho, ni decreto, pero tiene algo más valioso: la confianza presidencial”, señala una fuente del entorno.

Tres procesos judiciales la persiguen, pero eso no ha sido obstáculo para que se mantenga en el cogollo del poder. En un país acostumbrado a que las sombras acompañen a los líderes, Gina Gálvez camina hoy entre los escoltas, como si el fallo no existiera, como si el pasado no pesara.

Porosa frontera

El caso de Gina Gálvez expone, una vez más, la porosa frontera entre la política y la justicia en el Perú. Mientras la sentencia sigue su curso en apelación, su cercanía al jefe de Estado plantea una pregunta inevitable: ¿Puede el presidente de la República permitirse tener como asesora a una persona con condena vigente por corrupción?

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