Fiscal arrestado por coimero, ex Lava Jato, tenía del cuello a investigado del que recibió soborno: así operaba Henry Amenábar

El exfiscal Henry Amenábar Almonte, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato y exbrazo derecho operativo de José Domingo Pérez, cayó tras aplicar un esquema de extorsión que, según la denuncia, combinaba vigilancia previa, presión psicológica, amenazas directas y exigencias económicas crecientes.

Su presunta víctima lo grabó durante un mes, hasta que la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino y lo detuvo en flagrancia cuando recibió US$ 3,000 en un baño de un centro comercial en Miraflores.

La investigación fiscal reveló que Amenábar exigió US$ 20,000, una joya de oro, e incluso un iPhone 17 Pro Max como pago adicional "para su hija”.

El objetivo, según la denuncia, era “arreglar” un caso en la Segunda Fiscalía Corporativa de Miraflores mediante supuestas coordinaciones con la fiscal Lina Dorita Loayza Alfaro.

El que sobornó dejó constancia por escrito de que Amenábar lo investigó antes de extorsionarlo, analizó su nivel socioeconómico y hasta identificó el reloj y el celular que llevaba.

“Yo temo por mi vida y la de mi familia. Y si llegara a pasar algo a mi familia o a mí, yo culpo directamente al señor Henry Amenábar Almonte o a su entorno (...) Él me dijo amenazándome: 'Pagas o problemas'”, declaró en su testimonio.

“Vamos al punto”: el modus operandi del fiscal coimero Henry Amenábar

El 18 de noviembre comenzó la secuencia. En un café frente al mar, en Miraflores, Amenábar citó al sujeto para plantearle el primer pago. La extorsión quedó registrada palabra por palabra en la denuncia fiscal.

El empresario detalló que el fiscal lo abordó con una frase directa: "Bueno, vamos al punto: ¿Usted se ha dado cuenta que mi superior no quiere sobreseer? ¿Cuánto cree usted que vale que no tenga antecedentes y problemas judiciales?"

El fiscal coimero continuó con una explicación que revelaba que había analizado a su víctima: "Usted sabe cuál es su economía. Su economía es muy buena. Yo le he investigado a usted y usted gana en dólares. Basta mirar cómo se viste usted. Mire su reloj y su teléfono, parece un avión".

Según el denunciante, el fiscal le aseguró que podía solucionar todo: "Él me dijo que lo iba a arreglar con la doctora Lina Dorita Loayza Alfaro. Dijo que tenía llegada".

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Luego empezaron los pedidos concretos:

• US$ 20,000 en efectivo como pago principal.




• Una joya de oro, que el extorsionado confirmó haber entregado.




• Un iPhone 17 Pro Max “para su hija”, según un reportaje de Cuarto Poder.

El denunciante relató una segunda reunión en la que Amenábar insistió: "Cuando llegué al lugar, él ya estaba allí esperando. Después de saludarnos dijo: 'Vamos al punto. Como le mencioné por teléfono, aquí se trata de que usted salga de este proceso lo más rápido posible'".

Para entonces, la víctima ya había coordinado con la PNP y el Ministerio Público. Finalmente, el fiscal cayó cuando recibió US$ 3,000, parte inicial de los US$ 20,000 exigidos. Apenas fue intervenido, lanzó una advertencia más: “Ya vamos a ver”, dijo frente al propio individuo.

"Esto no es un caso aislado", señala Wilber Medina

El abogado Wilber Medina sostuvo que la detención de Amenábar no es un hecho aislado, sino un síntoma del accionar del entorno Lava Jato.

"Esto no es un caso aislado. Esto pertenece a una práctica sistemática de este fiscal y, por ende, del equipo especial (Lava Jato). Son fiscales corruptos. Los 3 mil dólares, ¿con quién lo iba a compartir?", cuestionó.

Medina señaló además que el fiscal del caso tiene una oportunidad histórica para destapar irregularidades más amplias:

“El fiscal Reggis Oliver Chávez, a cargo de esta investigación, tiene en sus manos un caso potente para descubrir la olla de lo que significó o significa el trabajo del equipo Lava Jato”.

Ocho meses de prisión preventiva y pedidos de protección

Tras su detención, el Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra Amenábar. Está recluido en el penal Piedras Gordas II, donde solicitó protección especial, según fuentes judiciales, para evitar ser ubicado junto a presos de alta peligrosidad.

La Fiscalía lo investiga por cohecho pasivo propio, delito que puede alcanzar hasta 15 años de cárcel. La tesis fiscal indica que existen agravantes por su condición de autoridad encargada de defender la legalidad.

El denunciante, por su parte, pidió garantías personales ante las amenazas recibidas.