Denuncian a expresidenta Dina Boluarte y exministros por ampliar sin concurso la concesión del puerto de Matarani
Legislador Edwin Martínez presentó la demanda constitucional por presunta colusión y abuso de poder.
El congresista Edwin Martínez Talavera formalizó una denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval y Raúl Pérez Reyes por la ampliación irregular del contrato de concesión del puerto de Matarani, otorgada a la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur) por un plazo adicional de 30 años. La acusación apunta a presuntas infracciones constitucionales y delitos de colusión y aprovechamiento indebido del cargo.
Según el documento ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el Ejecutivo aprobó la adenda número 5 del contrato de concesión mediante el Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC, suscrito en octubre de 2025, sin convocar a concurso público ni contar con informes técnicos o económicos actualizados que justificaran la extensión del vínculo contractual.
Martínez sostiene que la decisión vulneró los principios de libre competencia y transparencia establecidos en la Constitución, al prorrogar un contrato aún vigente hasta 2029 sin que mediara un proceso de selección abierto.
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El parlamentario enfatizó que la aprobación del decreto supremo representó “un uso arbitrario de las facultades del Ejecutivo”, favoreciendo indebidamente a la concesionaria y restringiendo la posibilidad de que otros postores compitan en igualdad de condiciones. La denuncia subraya que la medida habría consolidado un monopolio privado contrario a la libre competencia garantizada por el artículo 61 de la Carta Magna.
Asimismo, el documento plantea que la extensión contractual habría sido aprobada de forma anticipada, sin cumplir con los mecanismos de control presupuestal y sin evaluación de conveniencia técnica o financiera.
El legislador solicitó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admita la denuncia y remita el caso al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos colusión y negociación incompatible. De encontrarse responsabilidad, pidió que los denunciados sean inhabilitados del ejercicio de la función pública por un periodo de diez años.
Por su parte, especialistas en derecho administrativo consultados consideraron que una prórroga de esa magnitud sin concurso público podría vulnerar la normativa de contrataciones del Estado y afectar la libre competencia en el sector portuario. “El Estado debe garantizar que cada concesión responda a evaluaciones objetivas y no a decisiones discrecionales”, advirtió uno de ellos.
La denuncia se suma al creciente escrutinio sobre las decisiones adoptadas durante el último tramo del gobierno de Dina Boluarte, cuando se aprobaron diversas adendas y convenios en sectores estratégicos. El caso del puerto de Matarani podría convertirse en una de las investigaciones más emblemáticas sobre el uso del poder ejecutivo para favorecer contratos sin transparencia ni competencia.
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