Crisis en Procuraduría Anticorrupción del Cusco: solo cinco abogados enfrentan 4,800 casos
Audiencias quedan postergadas y escritos se acumulan sin revisión.
El procurador anticorrupción del Cusco, José María Gavancho, advirtió que “es humanamente imposible”, la sobrecarga que enfrenta su equipo: apenas cinco abogados deben responder por más de 4,800 casos de corrupción en toda la región.
La cifra refleja una situación límite que compromete la defensa del Estado y revela el colapso operativo de una de las oficinas importantes en la lucha contra la impunidad.
El procurador detalló que cada abogado tiene bajo su responsabilidad alrededor de 900 expedientes, además de audiencias, escritos, apelaciones y diligencias judiciales que se acumulan diariamente.
“Yo, como procurador, tengo que tratar de salvar distribuyendo la carga por más de 900 expedientes por cada abogado, porque solamente cuento con cinco abogados CAS. Esto es humanamente imposible”, declaró a un medio local.
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Gavancho explicó que el problema no es reciente, pero se agravó por la falta de personal y los recortes presupuestarios.
Desde la Procuraduría General del Estado (PGE) no se dispuesto ningún refuerzo para Cusco, a pesar de los reiterados pedidos.
Esta carencia, dijo, limita la capacidad de respuesta ante las denuncias de corrupción y pone en riesgo la prescripción de casos emblemáticos.
En provincias como La Convención, la situación es aún más grave: no existe ningún abogado designado para atender los expedientes.
“No tenemos profesionales en La Convención, y eso impide que las denuncias avancen en los plazos previstos”, señaló Gavancho.
En esas zonas, las audiencias quedan postergadas y los escritos se acumulan sin revisión, lo que debilita la defensa jurídica del Estado frente a los presuntos actos ilícitos.
El procurador alertó que la carga procesal no solo afecta la eficacia del trabajo, sino también la transparencia institucional.
“Estamos trabajando, estamos haciendo, pero la Procuraduría General del Estado acostumbró a ver qué hace con la reducción de personal”, comentó, subrayando que el déficit humano compromete el cumplimiento de las obligaciones procesales.
Gavancho solicitó formalmente un incremento de personal y una reorganización de los recursos humanos que permita distribuir la carga de manera equitativa. Sin este refuerzo, advirtió, “la Procuraduría continuará trabajando bajo condiciones insostenibles”.
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