Santiago Vinces Rentería

La presentación presidencial del 28 de julio ante el Congreso de la República ha significado, como todos los gobiernos, un conjunto de expectativas sobre diferentes temas sociales y las políticas que se asumirán. La seguridad social como concepto, doctrina y acción ha sido uno de los grandes temas ausentes, quedando con ello relegados más de 11 millones de afiliados a EsSalud.

El 18 de junio de 2020 se publicó la Ley 31025. ley que incorpora a la enfermedad causada por el covid-19 dentro del listado de enfermedades profesionales de los servidores de la salud, reconociendo “la enfermedad causada por el covid-19 como una enfermedad profesional de los servidores de la salud”.

La actitud del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la ONPE nos da la impresión de una abierta parcialidad con la candidatura del señor Pedro Castillo que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, lindaría con el delito, no siendo difícil de demostrar ello.

La historia de las “izquierdas” y “derechas” ha ocupado el espectro político mundial hasta nuestros días y seguirá por mucho tiempo más. Todo proceso electoral lleva a la polarización de ideas, propuestas, y hasta de gestos… lucha entre pobres y ricos; comunismo y anticomunismo; democracia y totalitarismo; fujimorismo y antifujimorismo, creo que este último prevaleció.

El publicitado debate de los equipos de trabajo realizado el pasado 23 de mayo, nos ha llevado a una verdad insoslayable: quién presenta propuestas para el país con miras a las elecciones presidenciales del 6 de junio, y quién no tiene ideas, ni propuestas, ni equipo.

Cuando René Descartes escribió en su obra “Discurso del Método”: “La facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres”, afirmaba la capacidad del individuo para actuar en base a la razón y por ello la libertad de decidir y elegir.

Víctor Raúl Haya de la Torre es el político más influyente del siglo XX, con una gran capacidad de transmitir su conocimiento social y humano.

Hemos superado largamente 1 millón 500 mil ciudadanos infectados por covid-19, aunque algunas voces oficiales lo nieguen. El estatal Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) ya estaría registrando más de 150 mil muertes por covid-19 o SARS-CoV-2; el estatal Ministerio de Salud reconoce sólo 55 mil muertes. Pareciera que estamos frente a un exprofeso escenario de confusión.

En el presente proceso electoral ya comenzamos a vivir la fanfarria de propuestas en beneficio de la población para ganar los votos de los electores. Todos hablan de crear cientos de miles de empleos, pero sin decir cómo lo van a hacer.

En setiembre de 1978 se celebró la “Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (APS)”, realizada en Alma Ata – URSS, denominada también “Declaración de Alma Ata”. Este documento matriz plantea la alianza entre los gobiernos, el personal de salud y la comunidad, con el fin de contribuir a resolver los problemas de salud de los países y del mundo.

La “primera línea” es una expresión limitante que hace referencia al conjunto de trabajadores que brindan atención directa a los pacientes de covid-19. La utilizan las autoridades con criterios mezquinos para la asignación de las bonificaciones que por derecho y por riesgo de exposición les corresponde a todos los trabajadores.

En el artículo anterior llegamos a 3 conclusiones de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti: 1) Vivimos la segunda etapa de gobierno del vizcarrismo, ahora sin Vizcarra; 2) El comportamiento de un sector importante de la prensa es el mismo que el vivido en la época montesinista; 3) En el manejo de la pandemia en nuestro país se habrían cometido delitos de lesa humanidad.

La “marcha juvenil” de noviembre fue la parafernalia utilizada por el vizcarrismo y la prensa mercantilista para mantener el “statu quo”, ahora que está demostrada la corrupción del gobierno de Vizcarra.

Observamos con frecuencia en documentos oficiales y notas periodísticas expresiones referidas a la “seguridad social en salud”. Esta expresión es una tautología, la “seguridad social” por definición es integral, es decir abarca los subsistemas de salud, pensiones, otros subsistemas relacionados con el bienestar ciudadano; y cubre a toda la población de una nación.

En el inicio, sin limitaciones económicas ni de gestión, lo tenían todo:

11 de marzo: la Organización Mundial de la Salud califica el brote del coronavirus (covid-19) como una pandemia.

11 de marzo: Decreto Supremo 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la covid-19.

El sector salud continúa en crisis; los faros de la noticia de la pandemia ahora se dirigen a las vacunas contra el coronavirus, el Ministerio de Salud utiliza esta coyuntura para soslayar y relegar otros temas de salud importantes en la lucha contra la pandemia como son los recursos humanos y la eficiencia en la gestión del sector.

El terremoto político, hasta ahora, sólo ha traído como consecuencia el reacomodo de los grupos políticos en el escenario nacional. La violencia y su producto, 2 muertes absurdas, debe ser investigada y sancionada. Atribuir total responsabilidad a la Policía Nacional de los actos de violencia es tan falso como atribuir absoluta responsabilidad a los manifestantes de los mismos hechos.

Hoy ha juramentado el tercer Presidente de la República del periodo presidencial 2016 – 2021, quienes están a favor o en contra se siguen enfrentando ante hechos políticos consumados, pero el día a día para la mayoría de ciudadanos continúa igual… el sector salud, Minsa y EsSalud, sin capacidad para enfrentar el peor desastre de la historia sanitaria del país producido por la pandemia del SARS-