El delito de extorsión es sancionado en el Perú hasta por diez años de prisión efectiva. Según suboficiales PNP, el jefe de la DIVIAC pretendió intimidarlos para que inculpen a Pedro Chávarry.
Colectivo exige al presidente Martín Vizcarra "que respete la vida, la familia y el derecho constitucional de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y principios".