Willy Huerta, exministro de golpista Pedro Castillo, a punto de ser inhabilitado: ¿qué pasos faltan en Congreso?

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años del exministro del Interior Willy Huerta, investigado por presunta interferencia en la estructura policial durante el gobierno de Pedro Castillo. El documento corresponde a las denuncias constitucionales 547 y 575.

El informe señala que Huerta ejecutó cambios irregulares en mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en 2022, en medio de tensiones entre el Gobierno y la oposición.

La Comisión concluyó que estas decisiones vulneraron la autonomía policial y afectaron el principio de legalidad dentro del sector Interior.

Los parlamentarios sostuvieron que Huerta buscó influir en investigaciones abiertas contra el Ejecutivo mediante la remoción de altos oficiales. Entre las decisiones cuestionadas figura la destitución del entonces comandante general Raúl Alfaro y la salida de jefes clave vinculados a casos de alta sensibilidad política.

Willy Huerta y su vínculo con golpe del 7 de diciembre

Además del proceso político, Willy Huerta enfrenta una acusación penal como coautor del delito de rebelión por los hechos del 7 de diciembre de 2022, día en que Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso.

La Fiscalía sostiene que Huerta mantuvo comunicaciones relevantes y participó en decisiones operativas durante esas horas.

El Ministerio Público pidió 25 años de prisión para Castillo y penas diferenciadas para exministros implicados, entre ellos Huerta, a quien se le atribuye facilitar la ruptura del orden constitucional. El exministro negó todos los cargos y aseguró que solo actuó bajo parámetros administrativos.

Este jueves 27 de noviembre, la Sala Penal Especial lleva a cabo la lectura de sentencia del caso por rebelión. Huerta, aunque en esta ocasión acudió de manera virtual, asistió a todas las audiencias y afirmó que la acusación fiscal se basó en “suposiciones” y no en evidencia que demuestre intervención directa.

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En el plano político, la recomendación de inhabilitación ahora pasará al Pleno del Congreso, donde se definirá si Huerta queda impedido de ejercer función pública hasta 2035. La votación se desarrollará próximamente.

El exministro declaró que la Comisión Permanente actuó con un “ánimo sancionador” y denunció que el proceso avanzó sin considerar sus descargos. Su defensa sostiene que las decisiones adoptadas en el Ministerio del Interior respondieron a criterios de reorganización interna.

Si el Pleno confirma la inhabilitación, Huerta perderá cualquier opción de asumir cargos públicos, incluso de elección popular.

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