“Tendríamos que ceder una parte de la soberanía”
Indica que la Cancillería era la llamada a firmar o no el tratado y no el Ministerio del Ambiente.
Si el Congreso de la República ratifica el Acuerdo de Escazú, se generaría una subordinación por parte del Estado peruano a un ente supranacional para que resuelva, en última instancia, controversias legales de carácter ambiental, dijo el experto en gobierno e internacionalista Javier González-Olaechea Franco.
“No hay solamente una subordinación supranacional sino que, además, se incumpliría con lo dispuesto por la propia Constitución que obliga al Estado a utilizar sus recursos para beneficio de sus ciudadanos. En definitiva, tendríamos que ceder una parte de la soberanía”, aseguró.
El internacionalista recordó que tal como lo señaló la Cancillería, existe un desbalance regional respecto a los países amazónicos como Brasil y Colombia que a la fecha no han ratificado este Acuerdo de Escazú.
“Este acuerdo es contrario al interés nacional. El Acuerdo de Escazú debe ser devuelto y no ratificado por el Legislativo”, remarcó.
González-Olaechea recordó que es durante el gobierno del actual presidente de la República, Martín Vizcarra cuando se faculta a través de la resolución suprema 213-2019 para que sea la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, y no el canciller, Néstor Popolizio, quien firme este tratado.
“No podría decir que es irregular este asunto de ser el Ministerio del Ambiente el que firme un tratado de alcance internacional. El ente pertinente es la Cancillería”, indicó.
DECISIÓN
El Congreso de la República tendrá que decidir si ratifica o no el Acuerdo de Escazú que ya fue firmado por el Ministerio del Ambiente, pese al rechazo de sectores como el de Defensa.
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