Roberto Sánchez propone Reinfo hasta 2026 y censo nacional para identificar "concesiones ociosas" y así proteger a mineros artesanales
Presentó controversial iniciativa.
El congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, propuso un censo nacional de concesiones mineras, con el fin de sincerar la situación actual del sector y evitar que miles de pequeños productores y mineros artesanales sigan siendo excluidos por falta de datos actualizados y políticas a favor de la gran minería.
“Lo sensato es un censo que permita identificar con claridad quiénes son los titulares de concesiones ociosas o que tercerizan la explotación”, afirmó el parlamentario. En su opinión, las cifras actuales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) no reflejan la realidad del campo y son utilizadas para justificar la exclusión de más de 50 mil pequeños mineros del proceso de formalización.
Vale indicar que el parlamentario presentó un proyecto de ley para ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026.
El legislador señaló que muchos mineros de pequeña escala se movilizan constantemente de una zona a otra debido a las condiciones del terreno y a la falta de titularidad.
“Los pequeños productores están en movimiento: un tiempo aquí, otro allá. Por eso el código inicial de registro cambia, y eso debe entenderse antes de emitir juicios o sanciones”, enfatizó.
Sánchez acusó al Estado de no cumplir su rol de garantizar el derecho al trabajo, y advirtió que esta omisión alimenta la actual conflictividad social en al menos nueve regiones del país.
“Si les quitas el derecho al trabajo y encima criminalizas su actividad, ¿cómo esperan que se queden de brazos cruzados?”, cuestionó.
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Además, el parlamentario rechazó la versión oficial según la cual más de 44 mil mineros estarían inactivos. “Yo no creo en esa información del Gobierno. Es desactualizada y sesgada. Por eso pedimos un censo transparente, con enfoque técnico y territorial”, insistió.
En esa línea, cuestionó la vigencia de concesiones mineras extendidas hasta por 30 años, pese a no ser explotadas directamente por los titulares.
“No producen, no explotan, tercerizan. Y eso fue permitido por un presidente lobista, PPK, a quien responsabilizó de haber modificado la norma inicial, que establecía plazos menores”.
Asimismo, Roberto Sánchez invocó al Ejecutivo a instalar una gran mesa de diálogo con participación de los verdaderos actores de la minería artesanal y de pequeña escala, en lugar de diseñar regulaciones que —según dijo— solo favorecen a grandes empresas y transnacionales.
“Pensamos en el país, pensamos en el medio ambiente y estamos contra la ilegalidad. Pero no aceptamos que se criminalice a quienes quieren trabajar con formalidad y justicia”, concluyó.
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