Renovación Popular insta a Congreso a agendar votación definitiva sobre ley de terrorismo urbano: ¿cuáles son los alcances de la propuesta?
Bancada busca endurecer penas contra delitos que siembran miedo en Perú.
A pocas semanas de cumplirse dos años desde la presentación del proyecto de ley para tipificar el delito de criminalidad sistematizada —conocido como terrorismo urbano—, la bancada de Renovación Popular reclamó al Congreso que agende la segunda votación pendiente en el Pleno.
La portavoz de la bancada, Norma Yarrow, recordó que la iniciativa surgió en setiembre de 2022 gracias al trabajo conjunto de los congresistas Esdras Medina, Noelia Herrera, Diego Bazán y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El dictamen permanece a la espera de ser ratificado, mientras los índices de inseguridad continúan en ascenso.
“El dictamen se encuentran a la espera de una segunda votación en el Pleno del Congreso. En ese sentido, desde Renovación Popular, recordamos al presidente del Parlamento la urgencia de poner este tema en agenda frente a la creciente mala reputación de la capital del Perú, recientemente utilizada por el presidente Donald Trump como ejemplo de una de las ciudades más inseguras del mundo”, afirmó Norma Yarrow.
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La legisladora advirtió que el país enfrenta niveles de violencia que superan a ciudades como Bogotá y Ciudad de México, situación que atribuyó al descuido e improvisación de los últimos gobiernos, así como a la lentitud y vulnerabilidad de la justicia frente a la corrupción.
Las cuatro iniciativas legislativas del grupo parlamentario buscan endurecer las penas —hasta con cadena perpetua— contra autores y cómplices de delitos como sicariato, extorsión, secuestro y otros crímenes graves que causan terror y zozobra en la población.
En paralelo, la bancada celeste impulsó varias leyes durante el periodo 2024-2025, como la Ley N.º 32372, que faculta la expulsión de delincuentes extranjeros; la Ley N.º 32348, que crea el Sistema Especializado en Flagrancia; la Ley N.º 32183, que tipifica los préstamos extorsivos; y la Ley N.º 32182, que sanciona a jueces y fiscales que liberen a detenidos en flagrancia.
“El Congreso tiene ahora la responsabilidad histórica de completar este trabajo legislativo y cerrar el paso a la criminalidad sistematizada”, subrayó Norma Yarrow, quien insistió en que aprobar la norma sería un paso decisivo para devolverle la paz a la ciudadanía.
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