Presentan moción para interpelar a ministro Vicente Zeballos

La congresista y tercera vicepresidenta, Yeni Vilcatoma, presentó una moción para interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, con el objetivo de que explique los alcances del acuerdo firmado entre el Equipo Fiscal Especial Lava Jato, la Procuraduría Ad Hoc y la constructora Odebrecht. “A fin de que informe a la representación nacional sobre los términos del ‘Acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios’ suscrito con la empresa Odebrecht, por el procurador ad hoc, evidenciando negligencia y lenidad en la defensa de los intereses del Estado”, señala el documento. La moción fue firmada por varios parlamentarios, entre quienes está el aprista Mauricio Mulder, el fujimorista Marco Miyashiro, el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, entre otros legisladores.

En la documentación, Vilcatoma subraya el perjuicio potencial para el erario nacional como consecuencia de la demanda arbitral efectuada por la empresa brasileña. “Según Odebrecht, cuando se iniciaron los problemas y las investigaciones por los hechos de corrupción, sus activos valían 3,000 millones de dólares; no obstante, al no dejársele vender sus activos, estos redujeron su precio y terminaron valiendo mil millones de dólares, motivo por el cual exige que el Estado asuma la diferencia, y pague 2,000 millones de dólares”, indica.

Se señala en el documento que a este arbitraje se le agregarían otras demandas arbitrales, por más de 1,000 millones de dólares en el caso de la Hidroeléctrica de Chaglla y por la suma de 2,000 millones de dólares respecto a las obras de la Hidroeléctrica Olmos y el Proyecto de Irrigación Chavimochic III. La parlamentaria también destaca que el preacuerdo efectuado con Odebrecht no fue global sobre el total de los proyectos en los que ha participado la empresa brasileña en el Perú, sino sobre cuatro casos específicos: Tren Eléctrico, Carretera Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y Vía de Evitamiento Cusco, por los cuales se habrían firmado seis contratos con el Estado. “Ello, a pesar de que, a la fecha del acuerdo, ya se conocía que la Comisión Lava Jato del Congreso ya había investigado y encontrado indicios de delito en 19 contratos en los que participó la empresa brasileña”, se precisa.

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