Presentan demanda de amparo en contra de Sagasti y Bermúdez
Constitucionalistas efectuaron pedido ante el Poder Judicial por considerar que se violan los derechos de la salud de la población.
Los abogados constitucionalistas Domingo García Belaunde, Natale Amprimo Pla y Aníbal Quiroga León presentaron una demanda de amparo constitucional en contra del presidente de la República, Francisco Sagasti, y otros altos funcionarios por no permitir la importación, comercialización y distribución de las vacunas contra la covid-19 al sector privado.
Tal como detalla el documento presentado ante el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, los constitucionalistas demandan a Sagasti, a la primera ministra, Violeta Bermúdez, al ministro de Salud, Óscar Ugarte, a la jefa de la Sunat, Marilú Llerena, y la directora de la Digemid, Carmen Ponce, por no permitir la intervención privada a la obtención de vacunas para contrarrestar los efectos de la pandemia.
“Se interpone una demanda de amparo constitucional frente a la reiterada y pública negativa del presidente Sagasti y de la premier Bermúdez, a permitir y autorizar a las personas naturales y jurídicas de derecho privado interno para la libre importación, abastecimiento, comercialización y expendio de vacunas -cualquiera sea su marca, denominación o laboratorio de origen-, dentro de un orden constitucional de libre mercado, contra la covid-19”, se lee en la demanda.
García Belaunde, Amprimo y Quiroga solicitan que se ordene al Poder Ejecutivo autorizar en la vía reglamentaria la importación, abastecimiento, comercialización y expendio de vacunas contra la covid-19 por parte de personas naturales y jurídicas de derecho privado interno.
Si el Estado deja de ser el único proveedor de los inoculantes, esto permitirá, señalan, que el sector público pueda focalizar, de manera más eficiente y oportuna, sus esfuerzos logísticos y económicos entre los más pobres.
RECOMENDACIONES
Asimismo, recomiendan que se ordene a la Digemid que durante la emergencia sanitaria autorice la importación de vacunas contra la covid-19 por parte de personas naturales y jurídicas de derecho privado interno, cualquiera sea su marca, denominación y laboratorios de procedencia y, consecuentemente, otorgue los registros sanitarios correspondientes, sin más constancia que la certificación de origen.
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